Zaragoza, 20 dic (EFECOM).- La utilización de cláusulas abusivas, las que prácticamente no se negocian y suponen una merma en los derechos económicos del comprador, es una práctica generalizada en los contratos de compraventa de viviendas, según un estudio elaborado por la Unión de Consumidores de España (UCE).
Bajo el título "Cláusulas abusivas en los contratos de compraventa", este análisis fue presentado hoy en Zaragoza por el presidente de la UCE, José María Roncero; el vicepresidente, José Ángel Oliván, y el director general de Consumo del Gobierno de Aragón, Ángel Luis Monge, en el marco de la celebración de la I Jornada Nacional sobre las condiciones generales en los contratos de compraventa de vivienda.
Según dijo Oliván, el estudio, que ha desarrollado la UCE a través de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), ha analizado quinientos contratos de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla La Mancha y Extremadura.
El análisis, precisó Oliván, revela "de una manera bastante regular" cláusulas abusivas, con mayor frecuencia en contratos de adhesión, entre las que destacan aquellas que imponen al comprador gastos que son propios del vendedor, como los de tramitación y documentación que por la ley corresponden a quien vende.
Otras que se han detectado, añadió, son las que dejan al "absolutamente arbitrio del promotor el cumplimiento del contrato", es decir, aquellas mediante las cuales los promotores tienen "las manos libres" para modificar aspectos como la fecha de terminación, calidades de los materiales o incluso los metros de la vivienda.
El informe también desvela otras, como las que exoneran al vendedor de toda responsabilidad en el caso de que surjan problemas en el plazo de entrega o defectos en la calidad, entre otros, así como las que muestran una falta clara de reciprocidad.
Las indemnizaciones desproporcionadas o aquellas mediante las cuales se imponen al comprador bienes y servicios no solicitados son otras de las condiciones abusivas que las promotoras incluyen en los contratos.
A juicio de Oliván, esta "práctica generalizada" se debe a que, pese a que la legislación es "completa" en su aplicación, es bastante laxa, así como a que "todo el conjunto de profesionales que intervienen en la compraventa de viviendas están siempre al servicio del promotor".
En este sentido, según detalla el estudio, a pesar de que este tipo de cláusulas se encuentran bastante definidas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), es muy antigua por lo que se ha iniciado un proyecto de mejora, que recoge las alegaciones presentadas por la UCE y que está pendiente de aprobación.
Oliván subrayó que otro de los grandes problemas es que, en la mayoría de los casos, el comprador asiste a la compraventa de vivienda "desprovisto del suficiente asesoramiento profesional, con escaso bagaje sobre cuáles son sus derechos y, además, nunca analizan los contratos que se les ponen delante por los chantajes que sufren por parte de los promotores".
Según apuntó Roncero, el acceso a una vivienda digna, que además de ser un derecho constitucional es uno de los actos más importante de la vida de una familia, "no puede ser defraudado con la impunidad que se viene realizando".
"Estamos ante un hecho de unas consecuencias imprevisibles e importantísimas en lo que se refiere a la defensa de los derechos y de los legítimos intereses económicos de los ciudadanos", concluyó Roncero. EFECOM
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