Santander, 19 dic (EFECOM).- La Agencia Tributaria se ha apartado del caso en el que está imputado el presidente del Santander, Emilio Botín, por la comisión de cuatro delitos de apropiación indebida y uno contra la Hacienda Pública, derivados de la entrega en 1994 del 1 por ciento de las acciones de Banesto a 13 directivos.
Así lo indica una providencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, en la que la Abogacía del Estado, como representante de Hacienda, "se tiene por apartado" de la causa en la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido hasta seis años de prisión para Emilio Botín.
También en este escrito, el Juzgado de Instrucción tiene "por formulado escrito de acusación" de Anticorrupción, con las mismas penas, contra el resto de miembros de la Comisión Ejecutiva del Santander que autorizó la entrega: Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique, Juan Secades e Ignacio Benjumea.
También extiende sus acusaciones al secretario del Consejo de Banesto, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, y al director de Recursos Humanos, José María Espí, por haber actuado como cooperadores necesarios.
En su petición previa a la apertura de juicio oral, el Ministerio Fiscal ha pedido también al juez que imponga a cada uno de ellos una multa de 40 millones de euros, así como el pago de una indemnización conjunta por responsabilidad civil de 13,33 millones más los intereses de demora, de la que puede responder el Banco Santander.
El Ministerio Fiscal entiende que en este caso se da la circunstancia agravante de la "especial trascendencia y gravedad de la defraudación", aunque también el atenuante por la reparación del daño.
Esta causa se inició a raíz de una querella del ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y en ella se investiga si el Santander cometió un delito al no hacer las retenciones tributarias correspondientes cuando en 1994 entregó esas acciones a los 13 directivos que puso al frente de Banesto para que lo reflotaran.
Según las acusaciones, el Santander debería haber efectuado las retenciones en 1994, en el momento de entregar los 6,47 millones de acciones de Banesto a 400 pesetas -su valor nominal-, cuando su cambio medio en bolsa era de 848 pesetas.
El Santander pagó los impuestos cuando en 1998 ejecutó de forma definitiva la cesión de las acciones, una vez que dio por alcanzados los objetivos exigidos a los directivos de Banesto para la entrega de los títulos.
El banco defiende que "siempre ha actuado con total transparencia, pagándose los impuestos cuando se cumplieron los objetivos a los que estaba sometido el plan de incentivos concedido a los directivos, a los que en 1994 se les encomendó la gestión de Banesto tras su adquisición por Banco Santander". EFECOM
dsp/prb
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