El Gobierno deja sin subvención a las rutas aéreas de servicio público dentro de la Península. Así se recoge en el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que está a la espera de las contribuciones de los diferentes actores del sector. "En el caso de obligaciones de servicio público que se impongan en el ámbito aéreo en rutas dentro de la Península, su financiación en ningún caso será a cargo del Estado", señala el texto, que recuerda que puede ser cada comunidad autónoma la que decida dar este tipo de ayudas como ocurre actualmente con algunas de las existentes.
En este sentido, además de las conexiones interislas (tanto en Canarias como en Baleares) y las que conectan la Península con estos territorios y con Melilla, están consideradas como OSP las conexiones entre Almería y Sevilla y entre Extremadura y Madrid y Barcelona, respectivamente.
En el caso de la conexión entre las dos capitales andaluzas, es operada por Air Nostrum y cuenta con una financiación que ronda los 2 millones de euros y de la que se hace cargo la Junta de Andalucía. Inicialmente, esta ruta tenía nueve frecuencias semanales, que se incrementaron durante abril y mayo en dos más.
Por su parte, las rutas que conectan Extremadura con Madrid y Barcelona también son operadas por Air Nostrum a través de dos contratos que se volverán a licitar próximamente y que, actualmente, cuentan con un presupuesto cercano a los 3,5 millones de euros anuales.
Al operar bajo esta declaración, está sometida a una serie de requisitos de obligado cumplimiento, como ser una operación regular y continuada de los servicios, con horarios que permitan una adecuada conectividad entre ambas ciudades, con garantías de trayectos de ida y vuelta en el mismo día en jornadas laborables y con unas condiciones mínimas de calidad del servicio en cuanto a precios del billete y oferta de asientos mínimas.
Corresponsabilidad financiera
El Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible señala que uno de los principios básicos a los que deben responder las OSP (obligaciones de servicio público) es el de "corresponsabilidad en la financiación de las obligaciones de servicio público". En este sentido, en transportes de competencia estatal, cuando la administración territorial sea quien proponga estas OSP y no el Estado, serán las comunidades autónomas las que deberán "financiar su establecimiento, así como el incremento de frecuencias o la modificación que soliciten de sus características y que impliquen un mayor coste". Sea como fuere, el establecimiento de una nueva ruta considerada obligación de servicio público debe ser aprobada, tal y como consta en el texto, por parte del Consejo de Ministros.
