El Ministerio de Transición Ecológica no acaba de dar con la tecla en lo correspondiente al bono social de la electricidad. El departamento que dirige Teresa Ribera aprovechó el Real decreto-ley 6/2022 para poner en funcionamiento un nuevo sistema de financiación del bono social después de que el Tribunal Supremo decidiera tumbar -y ya van tres veces- el sistema desarrollado por el Gobierno de turno.
Ante el vacío legal existente, tras las sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el Gobierno consideró que estaba habilitado para imponer un nuevo sistema que ya ha comenzado a levantar algunas suspicacias y podría abrir la puerta a nuevos recursos.
El RDL 6/2022 introduce una serie de medidas en el ámbito energético que han provocado la alarma de las comercializadoras independientes de electricidad, ya que consideran que el Gobierno está provocando un profundo retroceso en el proceso de liberalización en beneficio de las grandes compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o EDP. De hecho, aseguran que durante el pasado mes de diciembre prácticamente todas las comercializadoras independientes perdieron clientes frente a los operadores dominantes.
Fenie Energía, la mayor comercializadora de electricidad independiente, mantendrá a lo largo de esta semana una ronda de contactos con los partidos políticos para reclamar cambios en esta norma.
El Congreso de los Diputados votará este próximo jueves la convalidación de dicho Real decreto-ley, pero desde el sector ya se reclama la tramitación como Proyecto de ley para que se puedan incluir medidas correctoras dentro de un paquete cuyo objetivo es responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Fenie Energia centra sus críticas a la medida en cuatro puntos: la nueva regulación del bono social, la situación de la tarifa regulada del gas natural, los problemas de las lecturas de los contadores y la falta de concreción del Gobierno sobre las subastas de energía primaria.
En lo que respecta al bono social, la comercializadora asegura que la propuesta del Gobierno puede generar un importante problema en las renovables, además de a las comercializadoras de electricidad independientes.
Con el nuevo sistema, los productores de renovables tendrán que aportar 1 euro por cada MWh que generen para hacer frente a los costes del bono social. Esta medida, según explica Fenie Energía, puede obligar a tener que revisar la aplicación del nivel de rentabilidad razonable para las plantas que forman parte del Recore, pero también supone un problema para aquellas que han acudido a las subastas de renovables con precios de entre 28 y 30 euros/ MWh que ven así como sus márgenes se reducen todavía más antes de entrar en operación sus parques.
En lo que respecta a las comercializadoras, Fenie Energia lamenta el enorme peso que se ha cargado al sector con 11 euros por cliente con independencia de su tamaño, un extremo que consideran que no es progresivo y que penaliza a las compañías dedicadas a clientes domésticos y destacan las cantidades inferiores que tienen que afrontar el transporte o la distribución.
Fuentes del sector explican que la CNMC tiene un mes para analizar estas cantidades (que está a punto de finalizar) y recuerdan que los valores fijados dependen del pool que ahora está por las nubes.
A un precio de pool más alto, hay que financiar una cantidad superior pero si baja también se podrá reducir dicha cantidad.
Fenie asegura que el mejor sistema sería realizar algo similar al bono social térmico con el eléctrico. De hecho, la disposición adicional decimoquinta de este decreto, incluye también una ampliación de la cobertura del bono social térmico a los beneficiarios acogidos al bono social de luz, y para ello aprueba un suplemento de crédito de 75 millones para el Ministerio de Transición Ecológica.
Fenie lamenta también que el Gobierno haya mantenido la intervención de la tarifa regulada de gas, ya que de este modo sigue engrosando un déficit que obligará a que las tarifas del futuro sean mucho más elevadas en el mercado regulado y pueda generarse una salida inmediata del mismo y quedarse un coste complicado de asumir para el sistema. Por el momento, la CNMC no ha hecho públicos los datos de las liquidaciones.
Retrasos en las facturas
La comercializadora se queja también de los problemas de imagen que está sufriendo el sector por los retrasos en las lecturas de los contadores por parte de las distribuidoras y recuerda que en la actualidad no hay un régimen sancionador para estas situaciones. La CNMC de hecho sólo pudo obligar a las empresas a permitir que se aplazaran los pagos de las comercializadoras y se están produciendo muchas estimaciones para clientes con más de 15 kv contratados (pymes).
Fenie Energía reclama además al Gobierno que ponga en marcha rápidamente las subastas de energía primaria que aprobó el año pasado. Para la compañía, la situacion actual es imprescindible para acceder a energía.
