Madrid, 12 dic (EFECOM).- El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, afirmó hoy que en 2009 los ciudadanos podrán hacer todos los trámites de la Administración General del Estado (AGE) de forma electrónica, gracias a la "fuerte apuesta" por la modernización tecnológica del Gobierno.
Durante su comparecencia en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, Sevilla insistió en que el proyecto de Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas que recientemente aprobó el Consejo de Ministros supondrá "un cambio profundo" que "mejorará el servicio que ofrece la Administración y por tanto la calidad de vida de los ciudadanos".
Recordó que con esta medida los ciudadanos podrán relacionarse las 24 horas al día durante los 365 días del año con todas las administraciones públicas por Internet, teléfono, televisión y cualquier medio disponible en el futuro.
Según Sevilla, la ley supondrá costes pero insistió en que también aportará "importantes" beneficios, ya que la forma en la que la Administración desempeña sus tareas "influye enormemente en la eficiencia de la economía nacional".
Así, señaló que el incremento del gasto en tecnologías de la información que va a suponer la aplicación de la ley en la Administración General del Estado es de 310,5 millones de euros entre 2008 y 2010, además de los aumentos presupuestarios que deberán hacer las demás Administraciones.
Todos los grupos parlamentarios que intervinieron en la Comisión (PNV, ERC, CiU, PP y PSOE) se mostraron de acuerdo con los objetivos de la ley y ofrecieron su intención de colaborar con el Gobierno para que la ley salga adelante, si bien los partidos nacionalistas y en especial CiU advirtieron de que deberán precisarse las competencias de las Comunidades Autónomas.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, destacó que la ley deberá respetar "los títulos competenciales", en tanto que ERC pidió que la ley refleje el derecho de los ciudadanos a utilizar los idiomas cooficiales para comunicarse con las administraciones.
Por su parte, el portavoz de CiU, Jordi Jané, precisó que su grupo comparte el objetivo de la ley, "pero no la forma", porque tal y como está planteada puede suponer "un grave conflicto competencial".
Mostró su voluntad de acuerdo con el Gobierno pero insistió en que "si no se establecen límites", su grupo finalmente "no podrá apoyar" la ley.
El portavoz del PP, Juan Carlos Guerra, destacó que desde su grupo "no habrá oposición a la ley", aunque mostró su preocupación por el retraso que ha habido desde su anuncio hasta su remisión a las Cortes.
Antes las preocupaciones competenciales, el titular de Administraciones Públicas insistió en que la ley "no modifica ningún marco competencial" y "en ningún caso determina cómo tiene cada Administración que organizar su propio funcionamiento".
Defendió también la necesidad de que todas las administraciones "cooperen entre sí" para que la ley pueda ser efectiva. EFECOM
lbm/mdo
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