La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) reclama medidas adicionales para mitigar los efectos de la escalada de precios de los materiales de construcción que en las últimas semanas ha derivado en una ruptura del mercado por la ralentización y paralización de producción de la industria siderúrgica y cementera. Un escenario que en caso de no resolverse anticipa un periodo de desabastecimiento de los materiales más comunes de la construcción que representan 23.000 millones de euros de coste sectorial nacional, el 50% del total de suministros: el acero (11.025 millones), cemento (5.644 millones), aluminio (2.543 millones) , cobre (1.714 millones), bituminosos (1.424 millones) y gasoil A (654 millones).
Para Seopan, el Real Decreto-ley 3/2022 de medidas excepcionales de revisión de precios en las obras "mitigará los efectos de dicho aumento solo parciamente, al omitir la revisión del término de la energía y excluir a la práctica totalidad de contratos formalizados en 2021". El pasado año, los precios del acero corrugado subieron el 21%, del aluminio el 33%, del cobre el 22%, de la madera el 32%, del petróleo el 46%, del gasoil A el 26%, de la electricidad el 584% y del gas el 278%. "Debido a que esta situación, lejos de resolverse, se ha agravado en el primer trimestre de 2022", la patronal de las grandes constructoras considera que "harán falta medidas adicionales para incorporar a los contratos formalizados a partir de 2021".
Ante la escalada de los precios, "resulta extremadamente arriesgado presentar una oferta sin garantía del mantenimiento de los mismos", advierte la organización que preside Julián Núñez. Por ello, "la Administración podría plantearse la conveniencia de prorrogar las fechas programadas de presentación de ofertas hasta que el mercado recupere la normalidad". En otro caso, "se verá en la situación de contratar a los precios máximos de la actual coyuntura y sin seguridad sobre la viabilidad de la ejecución de los contratos". Asimismo, para garantizar la actividad y ejecución de los contratos adjudicados y en ejecución no afectados por el RD-ley 3/2022 Seopan aboga por adoptar con urgencia una norma complementaria con rango legal que permita a los contratos en vigor en 2022 ser objeto de la revisión excepcional y sin excluir el término de la energía. Además, para los contratos futuros a licitar en 2022 y siguientes, la patronal reclama que que incorporen obligatoriamente clausulas de revisión de precios de acuerdo al Art. 103 de la Ley de Contratos del Sector Público sin incluir franquicias de grado de obra ejecutada ni temporal.
Obras sin ejecutar por 3.683 millones
El presupuesto no ejecutado por el Estado se elevó en 2021 a 3.683 millones de euros de obras sin ejecutar entre los dos grandes ministerios inversores y la contratación pública por concesiones alcanzó 490 millones de euros. La licitación pública creció un un 68%, hasta 23.647 millones (un 23,4% más que en 2019) y la contratación pública lo hizo un 67,4%, hasta 12.022 millones, lo que representa un 3,5% más que hace dos años, antes de la pandemia.
