Las iniciativas legislativas en materia de sostenibilidad presentadas por el Gobierno pasarán una elevada factura a las empresas del sector alimentario. El anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados y el proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases tendrán un impacto económico de más de 2.000 millones de euros y pondrán en riesgo hasta 160.000 puestos de trabajo, según Mauricio García de Quevedo, director general de Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab).
El máximo responsable de la patronal alimentaria mostraba ayer la preocupación del sector por las metas que plantean estos dos textos "que van más allá de las planteadas por las Directivas europeas, poniendo el riesgo la viabilidad y la competitividad de la industria" en un entorno marcado por las presiones inflacionistas y la incertidumbre geopolítica. García de Quevedo, aprovechó la inauguración del cuarto Congreso de Desarrollo Sostenible coorganizado con Aecoc en Madrid, para reclamar al Ejecutivo diálogo para encontrar metas comunes en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Medidas previstas
Estas normativas plantean, por ejemplo, la prohibición de dar de manera gratuita productos de plástico a los consumidores y la obligación de cobrarlos desde el 1 de enero de 2023 o el fomento del comercio a granel como parte de la Estrategia Española de Economía Circular.
En la misma línea, el director general de Aecoc, José María Bonmatí, defendió la compatibilidad del desarrollo de una actividad económica sostenible con la competitividad de las empresas y recalcó el compromiso de su sector con cumplimiento de los objetivos marcados por Bruselas, pero desde unos plazos realistas. A modo de ejemplo, citó que España ha adelantado en dos años los plazos marcados por la UE para la instalación de 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos.
El acto también contó con el vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, César Luena, que recordó que el 40% del gasto previsto en la Política Agraria Común (PAC) se destina la cadena alimentaria.
