La nueva Ley de Movilidad Sostenible no verá la luz verde definitiva hasta finales de 2023. Estas son las fechas que maneja el Ministerio de Transportes después de que este mismo martes el Consejo de Ministros diese el primer paso en su tramitación y hiciese público el anteproyecto de ley. La norma incluirá, entre otras cosas, una nueva estructura de concesiones de autobús que permitirá la entrada de privados, si bien deja en el aire la forma en que se financiarán los peajes.
"Tenemos una red de infraestructuras lo suficientemente maduras", señalan fuentes de la cartera del ramo, que admiten que la nueva norma tiene que ir un paso más allá. "Hemos tratado de cuidar al máximo la división competencial", señalan las mismas fuentes, respondiendo de forma velada a las críticas que desde el sector del transporte se han puesto sobre la mesa en los últimos meses con respecto al contenido de esta norma. "Es una ley muy blanca, nos gustaría que fuera aceptable para cualquier ideología política", admiten.
De acuerdo con el calendario propuesto, se espera que la norma sea remitida a las Cortes antes de finales de este ejercicio, por lo que no recibiría el visto bueno definitivo del Congreso de los Diputados hasta finales de 2023, si todo sale según lo previsto. Esto colocaría su aprobación al final de la legislatura.
Lo más esperado en el sector era conocer cómo se aplicaría el pago por uso en las autovías, máxima que en las últimas semanas ya se había descartado incluir en esta norma, y la nueva estructura de las concesiones del transporte de viajeros por carretera, es decir, de los mapas concesionales del autobús. En este sentido, se introducirá un cambio en el sistema que permitirá cofinanciar líneas entre diferentes comunidades autónomas. Además, permitirá la prestación de servicios privados dando entrada a agentes que llevan años solicitando su llegada al mercado.
La norma establece que el nuevo mapa concesional del autobús deberá ser aprobado, como mucho, en un plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible, si bien fuentes del Ministerio de Transportes recuerdan que este esquema está "muy avanzado" y esperan tenerlo listo antes de que finalicen estos plazos.
Los peajes
Con respecto a los peajes, y como señaló la propia Raquel Sánchez, ministra de Transportes, "este será un tema que tendrá que ser consensuado con toda la sociedad" y "con los agentes políticos", añaden fuentes del Ministerio.
En el caso de los transportistas, con los que se llegó a un acuerdo el pasado mes de diciembre para desconvocar los paros patronales de antes de Navidad, desde el Ministerio de Transportes señalan que mantienen el compromiso de que estos peajes no les van a afectar. "El transportista es el eslabón más débil de la cadena logística", admiten, recordando que eso les genera cada vez más tensión, llegando "muchas veces a trabajar a costes marginales". "La manera de librar eso es haciendo que ese traslado de costes al cargador sea obligatorio", admiten.
Además de estos dos puntos claves, la norma también incluye la puesta en marcha de un sandbox al estilo del que se ha desarrollado en el sector financiero, para probar innovaciones, y faculta a los ayuntamientos para imponer una tasa de congestión al estilo de otras ciudades españolas. Con este nuevo impuesto, los municipios podrán gravar el acceso a una parte de la ciudad.
