No hay opción posible, ni margen para la negociación. España debe ajustar su legislación a la normativa europea y eliminar antes del 31 de diciembre todas las trabas que frenan el desarrollo del comercio, incluida la licencia para la apertura de grandes superficies. Ese es el mensaje que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha trasladado al Gobierno.
Además, ha advertido de que, en caso contrario, la Comisión Europea podría denunciar a nuestro país ante el Tribunalde Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo. Y va en serio. Bruselas, de hecho, ha manifestado ya que estará vigilante para asegurarse de que en todos los estados miembros de la Unión Europea se cumple la ley.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega paralizó el plan para una nueva ley comercial presentado por el titular de Industria, Miguel Sebastián, tras el Consejo de Ministros celebrado el 5 de diciembre. "El proyecto no está todavía maduro y es necesario negociar con los agentes sociales implicados", aseguró.
Rechazo del pequeño comercio
El Ejecutivo abría así la puerta a la negociación con los Gobiernos autonómicos, especialmente con la Generalitat de Cataluña, contraria a la directiva europea que liberaliza los servicios y que es de obligado cumplimiento. Apoyado en esta ocasión por CiU, el Gobierno catalán trata de favorecer al pequeño botiguer, pero aunque es consciente de que se puede enfrentar con ello a Bruselas.
La Confederación Española del Comercio, que defiende los intereses de las pequeñas empresas, ha sido una de las organizaciones más beligerante en este sentido. Según esta organización, "el proyecto cambia el modelo de política comercial, rompe el consenso, invade las competencias estatutarias, daña al comercio local y compromete el desarrollo urbano de la población, favoreciendo a las grandes superficies y rompiendo consecuentemente el equilibrio entre todos los formatos".
Son declaraciones ante las que la Comisión Nacional de la Competencia ha preferido no quedarse callada y lanzar esta semana un nuevo aviso al Ejecutivo. Y eso que su presidente, Luis Berenguer, ha criticado ya en numerosas ocasiones la regulación comercial española.
El sector está regulado por más de 7.000 normas, cada autonomía va por libre y las empresas sufren moratorias y trabas burocráticas para poder abrir tiendas, planteándose incluso en algunos casos desviar inversiones a otros países. Por todo ello, tal y como adelantó elEconomista el pasado 11 de febrero, Competencia ha elaborado una guía con recomendaciones para las Administraciones Públicas, reclamando incluso que los comercios puedan hacer rebajas en cualquier época del año.
"Las regulaciones que limitan a los operadores las posibilidad es de comercialización de sus productos restringen algunos de los instrumentos de los que éstos disponen para competir tanto en precio como en calidad. Es importante no restringir las posibilidades de desarrollar el negocio de formas diferentes", asegura la Comisión Nacional de la Competencia en esta guía.
