¿Se imagina poder ir de rebajas en mayo, en septiembre o en plena campaña de Navidad? Si el Gobierno atiende las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia, es posible que ya no tenga que esperar nunca más a que llegue el mes de enero o el de julio para poder comprar con descuentos.
"Las regulaciones que limitan a los operadores las posibilidades de comercialización de sus productos restringen algunos de los instrumentos de los que éstos disponen para competir tanto en precio como en calidad. Es importante no restringir las posibilidades de desarrollar el negocio de formas diferentes", asegura la Comisión en una guía presentada ayer con la que pretende marcar a las Administraciones Públicas el camino a seguir.
En la guía, la Comisión se muestra muy clara cuando incluye un ejemplo de lo que hay que evitar: "La regulación del comercio minorista limita el número de veces al año que se pueden hacer rebajas, regula el momento en el que deben hacerse y establece la duración máxima que puedan tener". Fuentes de la subdirección de Investigación explicaron ayer que "Competencia entiende que la limitación de las rebajas va contra la libertad de mercado, y, de hecho, así se ha planteado ya en alguna otra ocasión".
Estas mismas fuentes insistieron además en que la Directiva europea de Servicios, de obligado cumplimiento en todos los estados de la Unión Europea, obliga a eliminar todas las trabas al desarrollo del comercio. En España, el Gobierno ha accedido a negociar la transposición de la normativa con las autonomías, sobre todo tras la presión de los nacionalistas catalanes, que exigen mantener las trabas a los grandes para proteger a los pequeños.
Sectores problemáticos
La Comisión advierte que existen problemas de competencia también en otros sectores, como el de la farmacia o la venta de tabaco, restringida a los estancos o las máquinas expendedoras, y reclama por ello a través de la guía una justificación y, en su caso, si fuera posible, la búsqueda de alternativas.
Todos estos problemas son los que han motivado la elaboración de una guía dirigida a la Administración, cuyo principal objetivo es ayudar a los poderes regulatorios a elaborar memorias de Competencia, que consiste en un análisis detallado del impacto que pueda producir una nueva regulación sobre el libre mercado.
Según la Comisión, por lógica, dicho informe ya debería aparecer en la memoria económica que se presenta junto con los reales decretos, al igual que la memoria justificativa y la de impacto por razón de género, pero esto no suele suceder. De hecho, el organismo garante de la Competencia criticó lo escasamente argumentados que están los informes económicos que se presentan junto a las nuevas normativas.
