ACS se prepara para pedir una indemnización por daños y perjuicios por el cierre del almacén Castor. La Audiencia Provincial de Castellón absolvió hace unos días a Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, presidente y consejero delegado de Escal UGS, promotora de esta infraestructura, de varios delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, con riesgo para la vida e integridad física de las personas, dando alas, tal y como publica Cinco Días, a la compañía que capitanea Florentino Pérez para exigir una compensación.
Cabe recordar que ACS tiene un 66,7% del capital de la sociedad que ostentaba la concesión de la instalación que se cerró en el año 2012 tras detectarse varios microseísmos coincidiendo con la primera inyección de gas que se llevaba a cabo en la planta. La concesión tenía, según lo inicialmente previsto, una duración de 30 años, con un tipo de interés sobre su milmillonaria inversión del 5% anual, además del coste de operación y mantenimiento.
Un total de 123 afectados por estos seísmos provocados por el proyecto Castor reclamaban a la empresa concesionaria Escal UGS 1,84 millones de euros por lo daños morales producidos por "la ola de pánico generalizado" consecuencia de los 552 seísmos detectados en las poblaciones afectadas.
El tribunal les absolvió al observar la ausencia de dolo, por considerar evidente que "la conducta de los acusados tenía por finalidad el desarrollo de una actividad industrial y no la pura intención de causar terremotos (eventos sísmicos) capaces de producir efectos lesivos o dañosos".
La sentencia considera que los acusados no eran conscientes de que con su actividad "se pudiera generar un riesgo cierto de perjudicar el medio ambiente y, no obstante ello, ejecutaran la acción (dolo eventual)". Además, "fueron adoptando medidas correctoras a medida que iban teniendo conocimiento del aumento de la sismicidad".
