Un nuevo conflicto acecha al mercado eléctrico. Varias comercializadoras han acusado a la a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de cometer un gravísimo error que atenta contra la ley de protección de datos. Pero, ¿Ha metido la pata el organismo?
La Comisión lanzó un requerimiento a todas las comercializadoras de España en el que pedía que se detallase la rebaja del cargo RDL 17/21 y, para ello, debían completar un listado con sus 20 puntos de suministro (CUPS), señalando los precios de la última factura antes y después del 16 de septiembre. Además, también solicitó a las comercializadoras un listado de sus contratos activos en mayo y octubre. Según fuentes del sector, se envió un archivo con 20 CUPS de todas las comercializadoras (más de 400) en el que aparece a qué comercializadora pertenece cada punto, "de forma que ahora mismo nosotros podemos saber cuáles son 20 de los clientes de todas las comercializadoras de España", ha explicado una comercializadora a este diario.
La CNMC, sin embargo, ha sido contundente en su respuesta: "no se está infringiendo ninguna ley de protección de datos porque no son datos de carácter personal". Y es que, según ha afirmado, los puntos de suministro vienen identificados por códigos anónimos y no incorporan información alguna sobre la identificación de sus titulares ni de su localización física.
"Esta codificación es la que habitualmente se utiliza en el sector para llevar a cabo cualquier tipo de operativa relacionada con el suministro y se encuentra disponible en el Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS), accesible a todos los comercializadores", ha comunicado.
Fuentes del sector, por el contrario, han señalado que gran parte de la información proporcionada por el SIPS está capada. Hay diversos datos que no aparecen, entre ellos, precisamente, la dirección de puntos de suministro.
