Sevilla
Las empresas andaluzas tienen que someterse a 468 trámites burocráticos autonómicos para iniciar su actividad y durante el desarrollo de la misma. Todo un laberinto que lastra el potencial de la comunidad. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Plan de mejora para la regulación económica de Andalucía, con el que se pretende que en 2024 esas trabas administrativas que dependen de la Junta de Andalucía se hayan reducido un 30%, eliminando unos 150 procedimientos. Para lograrlo el plan contempla la reforma de más de un centenar de normas.
Además de reducir "trámites y requisitos desproporcionados e injustificados", la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades explica en una nota que con el Plan de mejora de la regulación económica pretende "impulsar un cambio en la cultura de la Administración que la haga más ágil, accesible y proactiva y que permita mejorar la intervención pública en la economía. Además, busca facilitar la implantación de inversiones, así como promover la recuperación de las actividades productivas y la creación de empleo para contrarrestar los efectos de la pandemia de Covid-19".
La línea de trabajo ahora sistematizada en el Plan de mejora de la regulación económica comenzó en realidad nada más tomar posesión el nuevo ejecutivo andaluz. En 2019 ya se acometió una primera simplificación normativa relacionada con la declaración de proyectos de interés estratégico para la comunidad. Desde el inicio de la legislatura, el Ejecutivo autonómico ha declarado de carácter estratégico diez grandes proyectos industriales y energéticos que conllevan una inversión de 3.443 millones y la creación de 9.676 puestos de trabajo. Junto a ellos, otra decena de iniciativas se encuentra en estudio.
La segunda reforma se produjo con el Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de Mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Esta norma incide sobre 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos y eliminación de barreras y trabas en ámbitos económicos como el turismo, el comercio, la industria agroalimentaria o el medio ambiente.
Con estas medidas ya en desarrollo se ultima una tercera reforma que se materializará en otro Decreto ley de simplificación con efecto sobre unas 80 normas y que contendrá más de 300 medidas de simplificación y reactivación económica que afectará a toda la Junta.
El consejero Rogelio Velasco destaca la "calidad institucional y regulatoria como un factor clave para el desarrollo, como ratifican desde instituciones como la OCDE o el FMI". Velasco señala la necesidad de contar "con el menor número posible de normas, que éstas sean transparentes y fáciles de hacer cumplir".
La posición de partida no era buena. Desde la Consejería apuntan un estudio del Banco de España de 2020 que analiza cómo afecta el volumen de la regulación a la demografía empresarial y a la productividad, recoge que Andalucía la comunidad está entre las de mayor producción normativa regional en el periodo 1983-2018, con casi el 8% del global. Cataluña ostenta la primera posición, con el 12%. Además, dicho informe establece una relación directa entre el escaso tamaño de las empresas con una deficiente regulación, asegurando, incluso, que un aumento del 1% en el volumen de regulación estaría relacionado con un 0,5% menos de empresas de promedio.
A su vez, en la esfera nacional, un estudio de 2018 sobre calidad institucional de la Fundación BBVA señala que España se ubica un 26% por debajo de su potencial. Además, estima que, si ese parámetro se elevara hasta el nivel que le corresponde de acuerdo con la productividad de su economía, se obtendría un incremento potencial a largo plazo del PIB per cápita de alrededor del 20% en un escenario intermedio.
Esta línea de trabajo en el marco autonómico se completa con la revisión de otros 207 procedimientos implicados en la normativa que regula la concesión de ayudas y subvenciones a empresas, con el fin de agilizarlas al máximo para afrontar la financiación europea en las mejores condiciones regulatorias.
El análisis culminará con la elaboración de una guía de subvenciones para los gestores de la Administración andaluza, y se establecerá un calendario de difusión y formación. Con ello, se pretende que las consejerías revisen su normativa en la materia y evalúen si sus procedimientos administrativos para dar subvenciones a los operadores económicos se adecúan a los principios de una buena práctica regulatoria. El programa también contempla la necesidad de reforzar el seguimiento y la evaluación de este tipo de políticas públicas para medir sus resultados y en qué medida son eficaces y eficientes, en términos de crecimiento económico o de creación y mantenimiento de empresas y empleo.
