Las modificaciones que ha realizado la Generalitat en la normativa catalana de energías renovables han puesto en pie de guerra a las empresas del sector, y ayer la asociación eólica EolicCat anunció que está estudiando presentar una demanda contra el Govern por la falta de acción de la administración en la tramitación de los expedientes de energías renovables desde la constitución del Ejecutivo en mayo.
A esta demanda se sumaría la reclamación que varios promotores tienen previsto llevar a cabo si finalmente la administración considera que la disposición transitoria segunda tiene efectos retroactivos sobre los proyectos que ya han superado positivamente el trámite de la Ponencia de renovables. Dicha disposición indica que los parques eólicos ya autorizados y en funcionamiento que se sitúan total o parcialmente en espacios protegidos de la Xarxa Natura 2000 pueden ser objeto de modificaciones que supongan una aminoración de su impacto ambiental.
EolicCat calcula pérdidas para los promotores por la parálisis en la tramitación de los proyectos y el impacto del cambio regulatorio, a lo que habría que añadir la reclamación por la posible pérdida de los avales depositados para garantizarse los derechos de conexión a la red eléctrica de los proyectos, regulados por normativa estatal. En total, el conjunto de las reclamaciones contra el Govern podría alcanzar los 150 millones de euros.
Dadas las trabas en la nueva norma catalana a las instalaciones de más de 5 MW, algunos promotores están pensando en agrupar proyectos para sumar más de 50 MW y pasar así a tramitación bajo competencia estatal.
Asimismo, las patronales Foment del Treball y Pimec preparan un acto para el lunes, en el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, para defender el impulso de las energías renovables y reclamar a la administración catalana que elimine trabas y apueste por la colaboración público-privada para conseguir los objetivos de desarrollo de energías limpias: de la eólica y fotovoltaica y de otras también.
