"La desinformación constituye un atentado contra la Constitución" y "una grave amenaza para la democracia y la convivencia". Así lo ha expresado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la clausura de la Jornada organizada por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) sobre Periodismo, Tecnología y Empresas, una alianza necesaria ante el impacto global de las fake news, celebrada este miércoles en Madrid.
Tras reconocer su "particular interés" en el tema, "a raíz de la experiencia vivida en las instituciones por la pandemia", Llop ha alertado de que "la desinformación se está convirtiendo en un motivo de preocupación para los estados y la sociedad en general".
"Cualquier persona puede transmitir esas noticias, que en realidad son no noticias, y existen campañas intencionadas de desprestigio hacia los medios y el periodismo en general", ha dicho Llop, por lo que "estamos en un momento extraordinario para recuperar el verdadero valor del periodismo, el de altura, el de investigación que necesitamos para generar una sociedad más democrática e igualitaria".
Asimismo, ha insistido en que necesitamos medios de comunicación "independientes que aporten información veraz, que informen de manera rigurosa, que estén vigilantes de esas desinformaciones", así como "el consenso ciudadano", ha añadido apelando a la responsabilidad individual.
La titular de Justicia ha advertido sobre la "amenaza grave contra la vida y la salud de las personas" que supone la desinformación, sobre todo "cuando se usa de manera insidiosa ante catástrofes". "Y lo hemos experimentado de una manera evidente a lo largo de la pandemia", generando "crispación, ruido, rompiendo la convivencia y los lazos de vecindad que nos unen", ha añadido.
A juicio de la ministra de Justicia, las desinformaciones "buscan la desestabilización de los gobiernos, generar dudas de los sistemas políticos", por lo que ha subrayado que "es muy importante el control desde los medios de comunicación".
Por todo ello, Llop ha asegurado que es un deber hacer frente a estas amenazas. "Es imprescindible garantizar la libertad de expresión, pero no puede olvidarse que la propia constitución en su artículo 20 exige que el derecho a recibir información debe ser veraz".
