Cuando la economía parece apuntar a una reactivación tras los duros meses de la pandemia, la energía ha pasado a convertirse en un lastre cada vez más pesado. La escalada de los precios del gas y por ende, de la electricidad, está provocando que para algunas empresas salga más rentable frenar su actividad y con ello contener el impacto de la factura energética, que cumplir con lo que demandan sus clientes. Fuentes cercanas a las grandes empresas declaran que "el impacto es especialmente significativo entre los grandes consumidores industriales". Respecto a la subida de precios de las materias primas, Bernardo Velázquez, consejero delegado de Acerinox, declaraba en exclusiva para elEconomista que "no es que falten materiales, hay de sobra para atender la demanda real, pero no para reconstruir al mismo tiempo los stocks de toda la cadena de suministro. Esto nos lleva a tener que alargar nuestros plazos de entrega, lo que históricamente deriva en una subida de precios".
La siderúrgica Sidenor fue la primera en anunciar un parón de 20 días por los "desorbitados precios" de la luz, una decisión a la que se han ido sumando otras compañías que han reducido su producción, como por ejemplo Fertiberia, Ferroatlántica y Asturiana de Zinc. La factura de Sidenor se ha triplicado en el último año, pasando de 60 a 260 euros el megavatio y, según datos que proporciona la empresa, el impacto en los costes ha sido de un 25%. "Nos resulta imposible mantener el ritmo de producción actual", dijo la empresa al comunicar la medida "urgente".
Fertiberia, fabricante andaluz de fertilizantes, también ha tomado medidas y ha detenido de forma temporal su actividad en la planta de Palos de la Frontera (Huelva). El elevado precio del gas, que se emplea para producir la materia con la que trabajan, ha sido el causante de la decisión. La medida la aprobaron el pasado 1 de octubre y está previsto que se prolongue, de momento, un mes. La empresa ha declarado que "aprovechará para adelantar algunos trabajos de mantenimiento de la planta".
Asturiana de Zinc también ha informado de que elabora un plan para reducir la producción en determinadas horas del día debido al aumento de los costes energéticos, "que provocan que la actividad no sea rentable en determinadas franjas horarias", declaran.
La última incorporación a esta iniciativa ha sido ArcelorMittal, que ha decidido suspender temporalmente su producción en algunas de sus plantas a determinadas horas debido a los altos costes energéticos. La compañía ha admitido que se ha visto forzada a efectuar una "pausa corta y selectiva de producción" en algunos de sus hornos de arco eléctricos en Europa. Por el momento, la medida se aplicará solo en las acerías eléctricas de productos largos, es decir, dos de las cuatro que tienen en Euskadi, concretamente la de Olaberria y Bergara. La acería de Olaberria produce perfiles medianos para la construcción, mientras que la de Bergara procesa el semiproducto que le llega de la primera y perfiles ligeros para el mismo sector. Desde la empresa se ha apuntado que se está "monitorizando la situación diariamente" y ya se están acometiendo "paradas cortas y selectivas" en los picos de mayor impacto del precio de la electricidad. El incremento de los costes afecta especialmente a estas empresas pertenecientes al sector electrointensivo y a las azulejeras, que necesitan un gran suministro de gas para funcionar y que también han anunciado parones para el mes de noviembre.
Ayudas para el sector
La Asociación de Empresas Grandes Consumidoras de Energía (AEGE), data que la energía puede llegar a suponer hasta un 60% de los costes totales y pide compensaciones y exenciones para afrontar una escalada que se inició hace cinco meses y que, de seguir así, lamentan que "llevará a un desastre, con quiebras y cierres en la industria". Según cálculos de AEGE, sus empresas asumen unas cargas que en otros países no existen, "a finales de agosto pagaban el megavatio hora a 96,82 euros, 34 euros más que en Alemania y 55 euros más que en Francia, una diferencia que mina la competitividad de las firmas españolas en el mercado internacional". La patronal considera también que es necesario que haya más contratos a largo plazo con las comercializadoras eléctricas, con precios fijos y alejados de la fluctuación del mercado mayorista.
En junio, el Gobierno aprobó una compensación de 100 millones de euros con el fin de ayudar a la industria electrointensiva a hacer frente a los sobrecostes por emisiones de CO2. A pesar de ello, el sector sigue calificando los fondos de insuficientes porque, según declaran, "está debajo del techo de 220 millones que permite Bruselas y porque es muy inferior al que desembolsan Alemania y Francia".