La aprobación del Real Decreto de venta de test de antígenos sin receta médica, unido al desarrollo de la quinta ola de coronavirus, ha provocado un drástico impulso en las ventas de estos dispositivos.
Desde que comenzara el año hasta hoy se han dispensado 3.154.709 test, pero de ellos, 2.214.893 se han vendido en las tres semanas posteriores a la entrada en vigor de la nueva norma, un 70%. Así se extrae de un estudio realizado por la consultora Iqvia, que desde que saliera el nuevo texto legislativo ha estado examinando las ventas de estas pruebas en las oficinas de farmacia.
El negocio ha evolucionado con saltos desde el pasado 19 de julio, momento en el que entró en vigor el decreto. La primera semana (hasta el 25 de julio) se vendieron en las farmacias españolas 386.155 dispositivos. Tan solo una semana después, hasta el 1 de agosto, la cifra se disparó hasta las 1.081.554 unidades. En los últimos días analizados por la consultora, hasta el 8 de agosto, las ventas cayeron sobre el 30%, hasta los 747.184 test.
Las ventas de test de antígenos han sido muy dispares entre comunidades autónomas. Cataluña representa la cuarta parte de todo el mercado (26% de cuota), mientras que Andalucía, segunda del ranking, se queda con el 17%. En la otra cara de la moneda se sitúan territorios como Navarra o La Rioja, que ni siquiera llegan al 1%. Hoy, esta última comunidad, es la que tiene la incidencia acumulada más alta de España, según los datos del Ministerio de Sanidad.
Los precios de venta de estos dispositivos varían mucho debido a los diferentes canales de venta. Por Internet se pueden encontrar packs con cinco test por algo menos de 30 euros, mientras que en las farmacias, según datos internos de los colegios que los representan, estarían vendiéndose entre los 8 y los 10 euros la unidad.
Hoy por hoy, en España, solo se pueden adquirir estos test en las oficinas de farmacia, mientras que en otros países europeos, como Alemania, se pueden encontrar también en grandes superficies. El motivo principal es que el Gobierno quiere controlar la trazabilidad de los resultados positivos de infección para poder decidir sobre actuaciones en pandemia.
