El Gobierno presentará hoy un paquete de medidas que puede suponer un cambio de radical para el mercado mayorista de electricidad. El Ministerio de Transición Ecológica dará un paso adelante con el llamado céntimo verde y por otro sumará otra polémica medida, pactada en el acuerdo entre PSOE y Podemos, para que las centrales que no emiten CO2 vean minorada su retribución.
El pool alcanzó este pasado mes de mayo su registro más elevado para este mes al fijarse una media de 67,12 euros/MWh, superior incluso a los 65 euros de abril.
El impacto de eliminar el coste del CO2 rondó los 200 millones de euros en abril (55,7 millones para la nuclear; 41,5 millones para la hidráulica y 115 millones para las renovables), según las estimaciones de los expertos consultados por elEconomista. No obstante, las estimaciones del Gobierno para el año fijan la medida en una ajuste de entre 800 y 1.000 millones.
La medida, que penalizará a las nucleares, hidráulicas y renovables, con una puesta en operación anterior al 2005 pone en riesgo el futuro de las centrales atómicas. El negocio de las mismas ya se encuentra bajo mínimos por los elevados impuestos que afrontan y la situación podría empeorar y dejar sin sentido el Protocolo firmado para regular su cierre, indican fuentes del sector. Iberdrola, por ejemplo, quintuplicó las pérdidas de este negocio en 2020 y acumula 1.500 millones de pérdidas en ocho años.
La medida, además, ataca también a las plantas hidráulicas en un momento especialmente delicado para empresas como Acciona, que afronta una OPV de su negocio de energía en las próximas dos semanas.
Por otro lado, las renovables pueden sufrir también un impacto en sus cuentas pero el Gobierno dejará fuera del ajuste a aquellas plantas que cuenten con retribución regulada o las que se acogen a las subastas. España puede ingresar entre 2.100 y 2.300 millones de euros en 2021 (frente a una recaudación de 1.000 millones/año en ejercicios anteriores) por la venta de los 50 millones de toneladas de derechos de CO2. El sector utiliza apenas la mitad para atender sus necesidades. Por contra, la industria recibe una asignación gratuita de 56 millones de toneladas, de los que se estima que vende 20 millones en los mercados secundarios.
El impacto del precio del derecho en la electricidad es relevante, dado que actualmente la producción renovable no es suficiente para cubrir la demanda y fuerza a operar las centrales de gas, que deben adquirir estos derechos de CO2 para evitar sanciones a final de año. En concreto, con los actuales precios de los derechos en torno a 50 euros/tonelada, el coste de producción de los ciclos se encarece en 20 euros /MWh. Este efecto se suma el encarecimiento del precio del gas, que supone otros 50 euros/MWh en el coste de generación, lo que sitúa en el rango de los 80-86 euros/MWh la casación de estas centrales. Como el mercado mayorista español tiene carácter marginalista, la última tecnología que entra aporta un dividendo de carbono a a las plantas no emisoras.
El secretario general de Eurelectric, Kristian Ruby, advirtió de la inestabilidad que provoca la medida para el sector eléctrico y los riesgos para futuras inversiones.
