Fiscalía investiga entramado alcalde y celador para cobrar

Palma, 28 nov (EFECOM).- La Fiscalía investiga al alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), y al celador municipal Jaume Gibert la creación de un "entramado societario" para "disfrazar" la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, avalados por presuntas certificaciones falsas para poder construir.

Así consta en el auto, al que ha tenido acceso EFE, del titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Alvaro Latorre, escrito que facilita el registro de los domicilios, despachos y entidades relacionadas con el alcalde, el funcionario antes citado y el ya ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, todos ellos detenidos ayer.

El escrito del juez implica a estas personas y al arquitecto Miguel Arenas, que controlaba varias de las sociedades investigadas y para el cual también el juez ordena registros por diversos delitos, entre ellos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.

La resolución determina que, de la investigación efectuada a instancias del fiscal anticorrupción de Baleares, Joan Carrau, se deduce que "el alcalde y el celador han sido socios mediante un entramado societario", por medio del cual "se han dedicado a la promoción e intermediación inmobiliaria".

Dicho "entramado societario" -abunda el escrito- permite "disfrazar la procedencia del dinero y participación que tienen el alcalde y el celador en los negocios, así como las relaciones estables y el reparto de beneficios que efectúan".

En el auto se apunta, asimismo, la presencia de "indicios serios de que existan certificaciones falsas que determinan el suelo con calificación ARIP (área rural de interés paisajístico), cuando en realidad es ANEI (área natural de especial interés), así como certificaciones de construcciones existentes en esos terrenos que no se corresponden con las fotografías incorporadas a la causa".

"No es asumible", agrega el auto, que esas supuestas irregularidades "provengan únicamente de los técnicos del Ayuntamiento, dada la frecuencia con que este fenómeno se produce como por la escasa dificultad técnica a la hora de certificar la adecuada clasificación de un terreno según la normativa aplicable y construcciones que persistan en el mismo".

Por otro lado, el juez considera justificado el registro en las propiedades de Massot, por su intervención en los delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, "materializada en ocasiones con su firma e informes y, en ocasiones, con su intervención y asesoramiento".

El escrito del juez considera necesario ampliar la investigación al delito contra la hacienda pública, pues "los incrementos de renta no justificados ni declarados pueden suponer una elusión de pago de cuota tributaria en renta que pudiera ser delictiva", como ocurrió con el "paradigmático" caso Roldán.

Por otra parte, la transmisión de participaciones de sociedades cuyo activo es eminentemente inmobiliario generaría obligación de pago de impuesto de transmisiones, que se han eludido.

El auto también cita el pago de 369.424 euros de la empresa Prollamp de Ponenst, S.L., directamente relacionada con la sociedad del alcalde, Eucar S.L., al propio edil, así como otro por idéntica cantidad a la esposa del celador, Antonia Garí, a cargo de Inversiones Bruja. EFECOM

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