Uno de los sectores con más desarrollo inmediato es el energético, tanto por el proceso de descarbonización de la economía, como por su capacidad para ejercer de palanca de recuperación de la crisis provocada por la Covid-19. Dentro de la energía, las redes son una parte esencial que debe experimentar una importantísima transformación, sobre todo digital, para cubrir las necesidades de la sociedad.
Con este contexto, elEconomista ha celebrado un Observatorio bajo el epígrafe Los retos de las redes eléctricas en España, que ha reunido a destacados expertos para debatir sobre la materia.
La sesión la ha moderado Rubén Esteller, subdirector del periódico, y en ella han participado Raúl Suárez, director de Redes de Electricidad de Naturgy; Francisco Barceló, vicepresidente de FutuRed; Marina Serrano, presidenta de la Asociación Española de Empresas Eléctricas (Aeléc); Guillermo Amann, presidente de Asamblea General de la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Electrónico (Afbel); Alberto Amores, socio responsable de la práctica de Energía y Recursos Naturales de Monitor Deloitte; y Luis Villafruela, director de Regulación y Estudios para la Transición Energética de Red Eléctrica de España.
El primero en intervenir fue Suárez. En primer lugar quiso destacar el excelente comportamiento del sistema eléctrico durante la crisis de la Covid-19, demostrando capacidad de resiliencia.
Elemento troncal del sistema
Luego abordó el papel que debe desempeñar el sistema en el futuro, sentando la base de todo el debate posterior: "Las redes de distribución y de transporte son la columna vertebral del nuevo ecosistema que se está dibujando de la transición energética; todo pasa por las redes: autoconsumo, generación renovable, generación distribuida, recarga eléctrica, almacenamiento, gestión de la demanda... Por lo tanto las redes se configuran como un elemento imprescindible en el nuevo ecosistema".
Suárez recordó que la red de distribución en baja tensión es la mitad del sistema y tiene una longitud suficiente como para dar 10 veces la vuelta al mundo, al objeto de poner de manifiesto la dimensión del cambio que debe acometerse. Concluyó su intervención con otro de los elementos recurrentes durante la sesión, reivindicando la capacidad de las empresas para obtener financiación y materializarla, así como para atraer inversión europea del Fondo de Recuperación. Y puntualizó que la inversión requerida en las redes no crece de forma proporcional a la ambición climática, sino exponencial: para alcanzar los objetivos de descarbonización hay que invertir más en las redes.
Recogió el testigo Barceló, quien abundó en otro de los elementos perfilados por Suárez: la digitalización. Explicó que es uno de los grandes factores de transformación en todas las capas de gestión de la red: en la primera, más básica, de los dispositivos conectados, con la sensorización de los elementos, el Internet de las cosas y los sistemas remotos de gestión; en la segunda, con los sistemas de gestión en tiempo real, donde hay que introducir la inteligencia artificial para ganar en dinamismo y eficiencia; y en la tercera, de analítica de datos o Big Data.
Antes de ceder la palabra, Barceló refirió los siete retos identificados: "la digitalización de la operación y los servicios de la red eléctrica, la maximización de la capacidad de integración de recursos distribuidos, el desarrollo de nuevas fórmulas de coordinación entre los distintos agentes de la cadena de valor, la puesta en marcha de nuevos mecanismos y activos de flexibilidad, y la interconexión de redes y el desarrollo de la red con principios de economía circular".
Acelerar las inversiones
A continuación, Marina Serrano señaló el cambio que ha supuesto la Covid-19 sobre el escenario previsto el año pasado, en el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia alumbró una nueva metodología de retribución. Ahora el Gobierno quiere acelerar las inversiones en energía para que las empresas ejerzan de palanca de recuperación de la economía y la presidenta de Aeléc se refirió a la necesidad de elevar el vigente límite de inversión en las redes con relación al PIB, fijado en la actualidad en el 0,14% del PIB.
Serrano señaló que ese 0,14% -elevado desde el 0,13% entre 2020 y 2022 por la crisis de la Covid-19- probablemente esté ya superado por la gravedad de la caída del PIB y defendió la necesidad de incrementarlo si se quiere aprovechar la potencia del sector, insistiendo en que, además, no hay riesgo de equivocarse: "las inversiones en distribución son un territorio seguro; el camino está perfectamente diseñado, con un marco regulatorio perfectamente claro: qué tipo de inversiones, que planes, qué información, qué control, qué auditorías... Por tanto, es una apuesta por empresas que están dispuestas, que tienen capacidad y que van a ejercer de palanca para la recuperación económica con seguridad. Por eso creemos que es absolutamente razonable que se incremente ese límite de la inversión y estamos proponiendo hasta un 0,19%". Luego apuntó que ese porcentaje incluso podría quedarse pequeño, dependiendo de la aceleración que quiere aplicar la UE para reducir aún más las emisiones de CO2 con vistas a 2030.
Potente industria nacional
Amann puso el acento en la capacidad de la industria nacional para afrontar un notable incremento de la inversión en las redes: "los fabricantes españoles estamos bien preparados; un porcentaje muy alto de las inversiones en equipos y en sistemas que se realizan en España se cubren con material made in Spain, porque tenemos un sector potente, netamente exportador, que ha aprovechado la palanca que supone el disponer en España de grandes operadores del sistema de distribución, que han sido, siguen siendo y van a seguir siendo motores de esta transición energética, de esta transición de las redes".
Amann llamó la atención sobre la necesidad de sofisticar las redes para que puedan absorber una presencia masiva de renovables y de nuevos servicios de flexibilidad o de movilidad. También recalcó que se trata de una transformación posible, para la que únicamente hace falta voluntad política.
Amores, acostumbrado a elaborar informes sectoriales, aportó numerosos datos sobre la transformación venidera, como la integración de 65 GW de renovables hasta 2030 o los varios millones de vehículos eléctricos que deberían circular por el país al final de la presente década.
El consultor señaló que el sector de la distribución invierte unos 2.000 millones de euros al año de forma recurrente y que puede incrementarlo un 30% a corto plazo si recibe las señales adecuadas: "es un sector que puede invertir en torno a 9.000 millones de aquí al año 2023, pero puede habilitar otros 15.000 millones de inversión asociada en la transición energética en otros sectores, como las renovables, la recarga de vehículos eléctricos o la instalación de centenares, sino millones, de bombas de calor".
Villafruela abundó en la capacidad del sector para relanzar la economía y se detuvo en puntualizar la supeditación de la red de transporte a la Planificación que debe aprobar el Ejecutivo. En este punto pidió flexibilidad al objeto de redirigir las inversiones previstas para unas actuaciones a otras, en el caso de que hubiera problemas para ejecutar las primeras, y puso en valor los nuevos sandboxes regulatorios como elementos para probar nuevas tecnologías en condiciones reales, pero acotadas.
También destacó el peso que mantendrá la red de transporte, que deberá incorporar abundante potencia renovable: el 76% de la nueva potencia eólica y el 80% de la nueva potencia fotovoltaica: "no debemos olvidar el importante papel que va a jugar la red de transporte como integración de esas energías renovables; evidentemente va a haber un gran peso de una serie de energías que antes no se conectaban o estaban conectadas a las redes de distribución, pero la red de transporte va a seguir soportando un peso muy importante de las nuevas inversiones que se van a destinar a energías renovables en la próxima década".
Durante el debate se abordó con detalle la capacidad del sector para atraer capital europeo, aunque hubo consenso en que las subvenciones deberían recaer principalmente en los elementos innovadores, digitales -como la sensorización-, que permitan desarrollar las soluciones tecnológicas para integrar a nuevos actores, como los agregadores de demanda, y a nuevos usos y modelos de negocio alrededor de la generación distribuida o la recarga inteligente de los vehículos eléctricos.
Nuevos negocios y mercados
Además, a pesar de que el sistema español es un modelo para el resto de la UE -por ejemplo, se ha completado el despliegue de contadores inteligentes, algo que no ha hecho aún Alemania-, el grado de tecnificación de la red propiamente dicha es pequeño.
Una de las claves para conseguir el éxito en este ámbito es el trabajo conjunto de las compañías eléctricas y los fabricantes, mediante la formación de clústeres industriales que potencien la producción nacional y la generación de riqueza y empleo.
Otra de las claves, más allá de la tecnología, es la regulación, porque las distribuidoras tendrán que disponer de mercados locales en los que operen todas las nuevas opciones y de reglas adecuadas para coordinarse y relacionarse con otras áreas de distribución y con el sistema de transporte.
La mayor sofisticación de las redes, por otro lado, no debería traducirse en un incremento de los costes del sistema, porque la retribución de la distribución -ligada a los activos- se incrementaría, pero a su vez se diluiría en el mayor consumo de electricidad por la electrificación de la economía.
Almacenamiento, clave
Mención a parte mereció el almacenamiento y su papel futuro, desde el momento en que permitirá desacoplar la generación del consumo. Hubo consenso en que debe gestionarse de un modo integral, atendiendo tanto a las baterías incorporadas a la generación distribuida, como a las grandes centrales de bombeo conectadas a las redes de transporte. La regulación europea señala que es una actividad que debe desarrollarse en régimen de libre mercado y marca las pautas para el desarrollo normativo nacional, aún pendiente en España.
Igualmente fue recurrente la necesidad de eliminar los cuellos de botella de las tramitaciones administrativas como uno de los grandes obstáculos que había que superar, para que las inversiones puedan realizarse en los plazos previstos por las compañías.
