La cifra global de facturas pendientes de cobro (FPC) de las comunidades autónomas con las compañías de Tecnología Sanitaria durante el tercer trimestre de 2020 se sitúa en 1.166 millones de euros. La situación empeora con lo vivido en los primeros seis meses del año, con un crecimiento de la deuda del 26,6%.
Así lo refleja el observatorio de deuda de la patronal Fenin, donde además se refleja que el 88% de las facturas pendientes de cobro corresponden al ejercicio 2020 y el 12% restante al de 2019 y anteriores.
El retraso en el pago a proveedores fue uno de los grandes males que agudizó la crisis económica de 2008. En 2012 se dio un paso al frente con el Plan de Pago a Proveedores y la situación se suavizó. Sin embargo, con el paso de los años, los viejos fantasmas de los pagos retrasados vuelven a ser la tónica habitual.
El retraso medio en el pago de las facturas es de tres meses (92 días), pero hay situaciones muy desiguales entre las distintas comunidades autónomas. Los 162 días que tarda en saldar la deuda la Comunidad Valenciana se contraponen a los 41 de Navarra. En total hay cuatro territorios que superan el centenar de días en solventar el pago a los proveedores. Una de ellas, Baleares, ha conseguido reducir ese tiempo en los últimos meses en un 32,7%. En contraposición, Canarias ha incrementado su demora en un 30,12%, situándose a fecha de 30 de septiembre en 82 días.
De los 1.166 millones que se deben en su conjunto, cuatro comunidades concentran el 59,5% de esa cantidad: Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía. La patronal ha estado en los últimos meses visitando varias comunidades para solventar los retrasos, pero la llegada de la pandemia ha empeorado las perspectivas.
Luchar contra la obsolescencia
Antes de que el coronavirus zarandease todas las previsiones, el Gobierno se comprometió a rejuvenecer el parque tecnológico de los hospitales públicos, si bien es cierto que nunca tuvo adjunto una memoria económica. Sin embargo, sí que existe un cálculo que indica que se necesitará para paliar la obsolescencia, en los próximos cuatro años, una inversión de 1.600 millones de euros.
A comienzos de año, el 44% de la tecnología que había en los centros sanitarios españoles tenían más de una década, circunstancia que aboca a un cambio rápido si no se quieren perder los avances, sobre todo en diagnóstico precoz, que a medio y largo plazo ahorran dinero al sistema sanitario.
Desde la patronal, conscientes de que seguirán existiendo tensiones económicas, se ha ofrecido flexibilizar los tipos de contratos públicos. Fórmulas como la de riesgo compartido, la compra pública innovadora o la consulta previa al mercado serán cada día más comunes entre los contratos que se realicen entre las administraciones públicas y las empresas.
El megacontrato, sin avances
El Gobierno tiene pendiente solventar el acuerdo marco sobre tecnología y bienes sanitarios que publicitó el pasado mes de agosto. Tal y como contó elEconomista, los planes del Ejecutivo eran que desde septiembre las comunidades autónomas pudieran acceder a una cantidad ingente de material para la pandemia valorado en unos 2.500 millones de euros. En el último tercio de octubre, la situación del acuerdo marco sigue sin resolver las ofertas recibidas de 155 empresas el pasado 17 de agosto mientras que la segunda ola está provocando colapsos en algunos hospitales.
