Más lluvias en mayo y junio, y el confinamiento para frenar el estallido de la Covid-19 -por las restricciones a las actividades agrícolas y ganaderas-, han reducido un 40% el número de incendios forestales en España en lo que va de 2020 y en un 55% la superficie arrasada. Para el resto del año, las autoridades se mantienen "nada tranquilas", aunque señalan que "vamos bien".
Durante los últimos 10 años, entre el 1 de enero y el 12 de julio de cada ejercicio, se produjeron una media de 6.058 incendios forestales, mientras que este 2020 se han producido 3.607, un 40% menos. Además, si por estas fechas ya habíamos sufrido cinco grandes incendios -los que afectan a más de 500 hectáreas-, este año sólo hemos padecido tres, lo que se nota en la reducción de la superficie forestal quemada: 18.523 hectáreas, un 55% más pequeña.
Así lo ha señalado esta mañana José Manuel Jaquotot, subdirector de Política Forestal del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), durante un encuentro telemático con la prensa. En su opinión, el descenso se debe a la abundancia de lluvias durante esta primavera, a unas temperaturas suaves y a la crisis de la Covid-19: "el confinamiento ha ayudado a que hubiera pocos incendios, porque el ser humano es la causa fundamental, y al no estar el ser humano en el monte…" ha apuntado, antes de añadir que "pero no porque no hayamos ido de parrillada, sino porque muchas de las actividades rurales que generan incendios forestales de una manera voluntaria o involuntaria no se han producido en este tiempo".
José Manuel Jaquotot: "El confinamiento ha ayudado a que hubiera pocos incendios, porque el ser humano es la causa fundamental, y al no estar el ser humano en el monte…"
Calcular el impacto económico de estos desastres es extraordinariamente complejo -varía mucho de un fuego a otro- y no hay datos oficiales. Jaquotot ha apuntado que el presupuesto del Miteco en las actividades directas de prevención y extinción -despliegue de aviones y otros efectivos- asciende a 85 millones de euros, pero a esa cantidad hay que añadir los presupuestos de las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia.
Clave: mejorar la gestión forestal
A la hora de prevenir los incendios, ha recordado que el 70% de la superficie forestal está en manos privadas y que el Miteco sólo puede hacer recomendaciones, aunque ha confiado en que una nueva Estrategia para el sector, a punto de presentarse públicamente, mejore las políticas de prevención. También ha identificado al sector forestal como uno de los más relevantes a la hora de solucionar la despoblación rural mediante más y mejor gestión de los montes.
Elena Hernández Paredes, jefa de servicio del Área de Defensa de Incendios Forestales, ha abordado la colaboración internacional del país contra los incendios forestales, destacando que "somos una referencia internacional, con un dispositivo potente y consolidado, y con mucha experiencia, porque llevamos más de 60 años trabajando".
Elena Hernández: "España es una referencia internacional, con un dispositivo potente y consolidado, y con mucha experiencia, porque llevamos más de 60 años trabajando"
Hernández ha explicado que España centra su colaboración con los estados vecinos, por una cuestión de proximidad. El sur de Europa concentra tres de cada cuatro incendios de la UE, en Francia, Italia, Grecia, Portugal y España. El año pasado se detectaron 1.170 incendios de extensión superior a 30 hectáreas; más que la media del periodo 2008-2019.
La semana pasada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció su incorporación a un grupo internacional de instituciones expertas en desastres naturales -erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, meteorología adversa, inundaciones e incendios forestales- que ha promovido la UE para mejorar su gestióndar apoyo a los países miembro en la gestión de desastres naturales, como los incendios forestales. Los trabajos durarán tres años y la idea es que actúe fuera de la UE en una segunda fase.
La Aemet trabajará con sus homólogos de Francia, Portugal e Italia, y ofrecerá predicciones de oficio, con tres días de antelación, basadas en informes de viento, temperatura y humedad, y otras, de emergencia, a demanda del servicio de protección civil europeo, específicas para incendios activos y acotadas a la zona afectada, para facilitar su extinción.
