La Paz, 17 nov (EFECOM).- Los contratos firmados por doce petroleras en Bolivia no precisan cifras ni porcentajes de ingresos porque dependen de la aplicación de una fórmula flexible con factores variables, entre ellos los resultados de unas auditorías sobre sus inversiones que aún no han concluido.
Así lo explicó hoy el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados, el oficialista Jorge Silva, al responder a criticas de la oposición de que no hay seguridad de cuánto recibirá Bolivia con la nacionalización que decretó el presidente Evo Morales en mayo pasado.
En declaraciones a Efe y medios locales, Silva dijo que los ingresos de las petroleras y el Estado dependerán, entre otros factores, de las auditorías sobre inversiones, de los precios variables del petróleo, de futuros contratos de comercialización y de los volúmenes de exportación a Brasil y Argentina.
"Hay elementos que no permiten poner rígidamente números", afirmó el diputado, y explicó que los contratos, firmados para 20 ó 30 años, pueden sufrir variaciones de diverso tipo que son encaradas con la fórmula "flexible" fijada en los anexos.
"Los porcentajes varían según los campos. Los costos de producción y los volúmenes de producción son variables. Y como los contratos son suscritos hasta por 30 años, no se pueden determinar con exactitud las cifras. Si se añadieran porcentajes y luego se quisieran modificar los contratos, necesitaríamos otra ley", declaró Silva a Efe.
Los contratos fueron firmados por la empresa brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF, la franco-belga TotalFinaElf y la británica British Gas, entre otras.
Según el Ministerio de Hidrocarburos, el informe final de las auditorías estará listo a fines de este mes para todos los campos y empresas, salvó para Chaco, del grupo British Petroleum, que concluirá el 15 de diciembre.
Morales y su ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, han señalado que Bolivia recibirá como máximo el 82 por ciento y como mínimo 50 por ciento.
El 50 por ciento mínimo se logra con la suma del 32 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el 18 por ciento de regalía o derecho de explotación de recursos naturales.
Según Silva, una parte de lo que recibirán las petroleras, que también será flexible, cubrirá los "costos recuperables" (los de operación y depreciación).
Esa parte se fijará empresa por empresa, campo por campo, con base en auditorías que hará la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Después están las utilidades del negocio, también variables, que se repartirán entre las petroleras y el Estado, explicó el diputado.
Silva dijo que el lenguaje de los contratos y sus anexos "a simple vista es chino", pero que luego de análisis y estudio se pueden entender sus detalles, así como la necesidad de una fórmula flexible que le permita al Estado tener en algunos campos hasta el 85 por ciento.
Hasta que los nuevos contratos entren en vigor, cuando sean ratificados por el Parlamento, tres empresas, Petrobras, Repsol y Total, pagan al Estado el 82 por ciento del valor de la producción de los campos más grandes (32 por ciento de IDH, 18 por ciento de regalía y otro 32 por ciento adicional para YPFB, según el decreto de nacionalización del pasado 1 de mayo).
La comisión que encabeza Silva ha analizado hasta ahora 21 contratos y antes del próximo miércoles debe revisar otros 23, cada uno con 33 cláusulas y 7 anexos, para pasarlos al plenario de la Cámara de Diputados.
"Una vez elevado el informe al Congreso, daremos a conocer también observaciones y sugerencias. A propuesta de organizaciones sociales y cívicas, pediremos una reglamentación adicional que permita implementar los contratos. La aprobación de esa reglamentación es una atribución exclusiva del Ejecutivo", agregó Silva. EFECOM
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