Javier Aliaga
La Paz, 14 nov (EFECOM).- El calvario de las petroleras en Bolivia parece no haber terminado con la suscripción de sus nuevos contratos hace dos semanas, porque tanto opositores como afines al presidente Evo Morales han planteado modificaciones a esos convenios.
Los 44 contratos firmados entre la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y doce multinacionales el pasado 28 de octubre, luego de varios meses de negociación, debían haber cerrado la polémica sobre las operaciones de las compañías en el marco del decreto de nacionalización de los hidrocarburos.
Sin embargo, en el Congreso, donde los convenios deben ser ratificados para entrar en vigor, los diputados de la opositora Poder Democrático y Social (Podemos) plantearon incluir en los textos "precisiones técnicas" sobre los porcentajes del beneficio que recibirán las empresas.
El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados, Fernando Barrientos, de Podemos, dijo hoy que las ganancias de las empresas son supuestamente más elevadas de lo que figuran en el papel y hay imprecisiones sobre los ingresos del Estado.
Según el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, las empresas pagarán tributos como máximo de un 82 por ciento y como mínimo de un 50 por ciento sobre el valor de su producción, aunque Morales señaló que el porcentaje más alto puede llegar al 85 por ciento.
Los diputados de la oposición también señalaron que aprobar los contratos a "ojo cerrado" en el Congreso no tiene sentido ante la posición rígida del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que sólo prevé admitir cambios en la forma y no el fondo de los textos.
Y es que los nuevos contratos, que tendrán 30 años de vigencia, fueron el resultado de arduas negociaciones que culminaron en la medianoche del sábado 28 de octubre, cuando vencía el plazo fijado en el decreto de nacionalización de mayo pasado.
Las definiciones llegaron en ese término y el desenlace fue el mayor éxito político alcanzado en los primeros nueve meses de gestión de Morales, que estuvo dispuesto a enviar el Ejército a los campos de las empresas que no hubieran aceptado los cambios.
Los 44 contratos, registrados en más de 30.000 páginas, fueron distribuidos hoy en versión digital a todos los legisladores bolivianos para que efectúen el análisis y el debate que se prevé en el Congreso en los próximos días.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara Baja ya aprobó el viernes pasado el contrato de explotación del campo "San Alberto", participado en un 50 por ciento por Andina, filial de la hispano-argentina Repsol YPF, pero aún debe ser considerado en el plenario.
A la polémica sobre incluir cambios a los contratos ya firmados, se sumó hoy el ex ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz, uno de los inspiradores del decreto de nacionalización emitido por Morales.
Soliz, un abogado nacionalista, abandonó su cargo el pasado 15 de septiembre para no retractarse de unas medidas tomadas contra el negocio de refinado de la brasileña Petrobras, que luego fueron revisadas por su sucesor.
En una carta enviada al Parlamento, Soliz pidió incluir en los nuevos contratos una cláusula que prohíba a las petroleras inscribir las reservas de gas bolivianas en las bolsas de valores.
Según el ex ministro, Petrobras informó de que los nuevos contratos suscritos en Bolivia le autorizan a registrar en sus cuentas las reservas de gas que explotará, pese a que el gobierno insiste en que las mismas son de dominio exclusivo del Estado.
Las reservas están calculadas en 48,7 billones de pies cúbicos, las segundas en importancia de Sudamérica, luego de las de Venezuela que posee el triple.
Cuando fueron acusadas de inscribir esas reservas en las bolsas, las petroleras se justificaron afirmando que el procedimiento era común, tenía que ver con los volúmenes de gas que tenían mercado seguro y no soslayaban la propiedad estatal sobre las mismas.
Sin embargo, Soliz insiste en que el asunto "no puede quedar sujeto a ninguna duda o incertidumbre" en los nuevos contratos.
Según el ex ministro, esas reservas, que anotadas como títulos, acciones o bonos, tienen un valor de más de 200.000 millones de dólares, deben ser usadas en provecho de la estatal YPFB y no de las trasnacionales. EFECOM
ja/jcz/ar/jla
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