Pocos dudan ya del impacto que las actividades humanas generan en el clima y de la necesidad de modificar nuestros hábitos de producción y consumo para acercarnos al objetivo de evitar que la temperatura de la Tierra suba más de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) estima que a esta cifra se llegará entre 2030 y 2052 si las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero continúan aumentado al ritmo actual.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, "el sector transporte representa el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España y casi el 40% de las emisiones de los sectores difusos. Por modos de transporte, la carretera supone casi el 95% de las emisiones, mientras que la contribución de otros modos de transporte es bastante más minoritaria". Esta elevadísima representatividad no es de extrañar, dado que dentro del "sector transporte" se contemplan únicamente las emisiones derivadas del transporte por carretera y las minoritarias cifras del transporte por ferrocarril diésel, el marítimo nacional y el transporte por tubería; las emisiones asociadas al transporte por ferrocarril en tracción eléctrica y casi la totalidad de las derivadas del transporte aéreo nacional se incluyen dentro del régimen comunitario de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Sea como fuere, en este contexto y con las decepcionantes conclusiones de la COP25 aún calientes, el sector de la carretera no es en absoluto ajeno a la necesidad de cambiar sus procedimientos y hacer suyo el lema #Timeforchange.
En el ámbito urbano las prioridades están claras: la reducción de la contaminación es uno de los grandes objetivos en la gestión de las ciudades y, por ello, se han puesto en marcha políticas de restricción de la movilidad privada y de penalización a los vehículos contaminantes. Pero, ¿qué ocurre en el ámbito interurbano, en las carreteras "a campo abierto" donde la contaminación atmosférica no es, a priori, un problema de salud pública?
Más emisiones por deterioro
Según las estimaciones que hemos realizado en la Asociación Española de la Carretera (AEC), basadas en pruebas reales con vehículo ligero y pesado, antes y después de repavimentar una vía, mejorar el estado de conservación del pavimento de aproximadamente la mitad de la red viaria del Estado y las comunidades autónomas (que suman un total de 101.788 kilómetros) permitiría reducir las emisiones de CO2 en 1.600.000 de toneladas al año, equivalente a lo que emite todo el tráfico de la ciudad de Madrid durante ocho meses.
El estudio ha permitido cuantificar que cuando se circula por un pavimento con un deterioro estructural significativo (grietas en las rodadas, baches, deformaciones, agrietamiento grueso, desintegraciones graves…), los vehículos ligeros llegan a emitir hasta un 9% más de CO2 (un 6% los pesados). Si el deterioro es superficial (agrietamiento fino, desintegraciones ligeras, descarnaduras, exudaciones…), las emisiones se incrementan un 5% y un 4% para cada tipo de vehículo.
Acometer la repavimentación de estas vías durante los próximos 10 años (lo que exigiría una inversión de 330 millones de euros anuales) reduciría las emisiones de CO2 en cantidades equivalentes a lo que absorberían 120 estadios de fútbol llenos de pinos durante una década.
ODS, seguridad y comodidad
Una iniciativa que se uniría a las de otros sectores relacionados, como el de la automoción (algún fabricante de vehículos ya se ha marcado el objetivo de ayudar a reducir un 1% las emisiones globales de CO2 en 2050) o en el energético (ya hay referentes de iniciativas de empresas líder para conseguir cero emisiones netas en 2050). Aportaciones que siguen sumando en el compromiso de reducción adquirido por el transporte viario.
En el campo de la carretera estamos preparados para afrontar el reto, y nos preguntamos si las políticas de los distintos Gobiernos -Central, Autonómicos, Provinciales y locales- estarán a la altura que exige el momento, en términos de compromiso presupuestario. Nos permitimos recordar, en este sentido, que la falta de inversión compromete, no solo el cumplimiento de los objetivos relacionados con el cambio climático, sino también la seguridad y la comodidad de los usuarios de un servicio que está abierto 24 horas al día, los 365 días del año.
145.000 millones de patrimonio
También el bolsillo de los usuarios se ve directamente afectado por la desidia inversora en materia de conservación viaria, puesto que circular por una carretera en mal estado aumenta el consumo de combustible, desgasta los neumáticos y puede provocar daños en el vehículo.
La Asociación Española de la Carretera ya alzó la voz en el verano de 2018 para denunciar cómo la falta de mantenimiento está haciendo mella en nuestras infraestructuras viarias, un patrimonio valorado en 145.000 millones de euros, y que, a partir del año 2009, ha sido abandonado a su suerte, víctima de los sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públicos. Tanto es así que el déficit de conservación supera hoy los 7.000 millones de euros.
Por todo ello, hacemos un llamamiento a la necesidad y la urgencia de actuar en la mejora de la red viaria. De lo contrario, se convertirán en papel mojado los objetivos climáticos a los que se ha comprometido el Gobierno, que pasan por reducir las emisiones del transporte un 32% hasta 2030.
*Jacobo Díaz Pineda es director general de la Asociación Española de la Carretera (AEC)