Los comercios del Metro de Madrid languidecen. Si en 2008 llegaron a funcionar 140 locales en la red del suburbano, hoy quedan apenas 10, que desde el 1 de enero de 2020 viven en un limbo jurídico y ahora esperan la notificación de desahucio tras la que la empresa volverá a sacarlos a concurso.
Pacífico, Diego de León, Alonso Martínez, Bilbao, Goya, Sainz de Baranda... Son sólo algunas de las estaciones que han visto desaparecer su actividad comercial en la última década, debido al efecto de la crisis y, más recientemente, del permanente conflicto entre Metro y los empresarios que regentan las tiendas. Y es que, desde el punto de vista de los comerciantes, lo ocurrido responde al empeño de Metro por "expulsar de manera sistemática a las pymes".
"Han jugado con nuestras vidas durante muchos años de una forma totalmente gratuita y arbitraria, con la intención de echar a unos empresarios que sólo queremos ganarnos la vida y generar riqueza y empleo", lamenta el presidente de la Asociación de Comerciantes de Metro de Madrid (AACMM), Javier Zapata.
10 años de conflicto
Para comprender la situación hay que remontarse hasta 2008, fecha en que, tras varios años de incertidumbre jurídica, se regularizó la situación de los comercios al firmarse un convenio entre Metro y la AACMM, convirtiendo a los minoristas en concesionarios de los locales. 140 negocios, que sumaban alrededor de 700 trabajadores, operaban entonces en el suburbano.
En 2016, cuando a pesar de la crisis aún funcionaban más de 70 negocios en Metro, se aprobó una normativa de usos asociados que obligaba a adaptar los locales comerciales del suburbano a nuevos requisitos técnicos, comprometiéndose Metro a realizar las obras necesarias para adecuar los espacios.
Metro empezó a reclamar el cierre "temporal" de las tiendas, dando inicio a un goteo de deserciones, y en marzo de 2017, con las reformas aún pendientes y sin precisar cuándo se realizarían, comenzó a notificar a los comerciantes que estaban "fuera de la ley" por no tener los locales adaptados a la nueva normativa.
Algunos se opusieron a este proceder, como Jesús, que tiene una tienda de complementos en la estación de Legazpi. "Yo quería que me dieran una fecha, saber cuándo iba a cerrar en vez de esperar un año y medio hasta la obra", argumentó. Cuando renunció a cesar su actividad sin conocer esa información, Metro le demandó.
Ante la perspectiva de los cierres temporales "forzosos", muchos empresarios optaron por aceptar las indemnizaciones de en torno a 40.000 euros que ofrecía Metro y liquidar sus negocios. "Y así han agotado a cincuenta comerciantes, los han ahogado", apunta Olga, que regenta con su madre una cafetería en la estación de Aluche.
La nueva norma hizo físicamente imposible que la actividad continuara en ciertas estaciones, pero en otras, recuerda Zapata, Metro ya había modernizado los espacios comerciales y estos estaban vacíos; no obstante, la compañía no accedió a reubicar en ellos las tiendas cerradas por incumplir requisitos técnicos.
Es el caso de Plaza de Castilla, con ocho locales adecuados para desarrollar actividad comercial, y donde sólo Pedro sigue levantando diariamente la persiana de su platería. "Queremos que haya vida comercial en Metro. No queremos estar solos, yo estoy solo en Plaza de Castilla y no me gusta verme solo", declara.
La AACMM detalla que actualmente hay 41 locales adecuados a la norma de usos asociados en la red de Metro. Sólo diez, que suman cincuenta empleados, están abiertos: cuatro en Aluche, uno en Sol, dos en Legazpi, dos en Ópera y uno en Plaza de Castilla.
Según los cálculos de la asociación, Metro ha dejado de percibir más de dos millones de euros en rentas de alquiler durante el tiempo en que se han mantenido vacíos esos espacios.
El desahucio por llegar
A los pocos empresarios que aguantan, Metro les ofreció prorrogar sus concesiones durante un año en compensación por los cierres temporales que tuvieron que asumir, independientemente de cuánto duraran.
La prórroga acabó el pasado 31 de diciembre y, desde entonces, los comerciantes, abocados al limbo jurídico, "abren el buzón fibrilando" por miedo a la notificación de sus desahucios.
Y mientras, tanto ellos como los que ya se fueron aguardan una nueva licitación de los locales que no llega. También se quejan de la proliferación de los estands comerciales, que según el diputado regional del PSOE Nicolás Rodríguez, "no reúnen ningún requisito ni higiénico ni sanitario ni de prevención de riesgos laborales".
"Los comerciantes no piden dinero, no piden que se les indemnice por el lucro cesante; quieren seguir trabajando", defiende Rodríguez, que en el último Pleno de la Asamblea preguntó al Gobierno por esta situación y ha pedido la comparecencia en la Cámara de la consejera delegada de Metro, Silvia Roldán.
"El comercio da vida y da seguridad, y a los viajeros no les están permitiendo la libertad de tomarse un café o atender una necesidad dentro de las instalaciones de Metro; están creando un servicio peor para los usuarios", protesta Nani Arriaza, representante de la asociación Red Autónomos.
Metro volverá a convocar un concurso público para arrendar de nuevo los locales, ya adaptados
Por el momento, la prioridad de los comerciantes es paralizar los inminentes desahucios, y así se lo trasladaron el martes en una reunión a Roldán.
El PSOE, por su parte, propone "una novación del contrato" con los concesionarios que siguen en activo y que, de cara a la futura licitación de los locales vacíos, se dé "algún tipo de ventaja" a los que echaron el cierre.
Fuentes de Metro han contestado que, "para poder volver a arrendar estos locales", la empresa debe convocar "concurso público, al que se puede presentar cualquier comerciante", pero que "no sería legal" que los "adjudicara a dedo" a los arrendatarios actuales.
Las mismas fuentes no han precisado si existe la posibilidad de paralizar los desahucios ni cuándo se prevé sacar de nuevo a licitación los locales.