Empresas y finanzas

¿Hacen falta subastas para instalar más renovables?

  • Las grandes empresas integradas no necesitan nuevos concursos
Aerogeneradores marinos. Foto: Archivo.

Todavía con la resaca de las subastas de renovables organizadas por el anterior Gobierno, el sector eléctrico arde en deseos de conocer el diseño de las pujas prometidas por el actual Ejecutivo. Todos tienen presente que una tercera parte de la potencia adjudicada en los concursos celebrados, cerca de 3.000 MW, no se ha construido, y que dos tercios de los adjudicatarios ha terminado vendiendo las plantas, los proyectos o los derechos económicos que obtuvieron, en ocasiones sin tener nada real que los respaldara. A esta fiebre mercantil, protagonizada por los fondos de inversión, se añade la especulación desatada con los derechos de acceso y conexión a la red -REE ha concedido permisos para más de 100 GW, el doble de la potencia prevista hasta el final de la década-, junto con la constatación de que el coste actual de la eólica y la fotovoltaica puede permitir que se desarrollen sin apoyo de ningún tipo. La pregunta, pues, es la siguiente: ¿hacen falta más subastas?

Para las tecnologías que no son competitivas, como la biomasa, la termosolar o la eólica marina, es evidente que sí, pero al margen de ellas no está tan claro. Desde luego, las grandes empresas integradas no las necesitan: su músculo económico les basta para financiar las centrales y, además, obvian el riesgo del pool, porque gracias a sus clientes finales tienen a la vez posiciones vendedoras y compradoras; de hecho, se limitaría mucho su competencia si no hay ningún mecanismo que garantice un precio de venta a los generadores independientes.

Así pues, si el Gobierno no quiere cumplir sus objetivos de energía y clima sólo con grandes actores, debe diseñar unas subastas que minimicen la especulación, algo que sólo conseguirá con un diseño de pujas que precalifique a los participantes, estableciendo fuertes requisitos económicos -avales, principalmente- y físicos, es decir, vinculando las ofertas de los concursantes a proyectos concretos y revisando que se ejecutan en los plazos previstos. De otro modo, convertirnos en verdes nos saldrá mucho más caro, tanto en un sentido económico como moral.

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