Madrid
El informe presentado por la Comisión Europea sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios ha concluido que los progresos respecto a la reducción y medición de estos productos son limitados. Una de las razones principales que esgrime el informe para explicar los malos resultados está en los planes de acción de los Estados, los cuales tienen deficiencias en una de las medidas estrella: la gestión integrada de plagas. En las inspecciones realizadas por el tribunal se ha puesto en evidencia que pocos Estados comprueban dicha premisa ya que la mayoría no pudieron confirmar la proporción de usuarios que verifican que se aplique correctamente, ya que la evaluación del cumplimiento requiere conocimientos técnicos e influyen demasiados factores.
La comisión, después de analizar los planes de acción de cada país, entre los que se incluía el de España, ha descubierto que solo se centran en medidas de formación, asesoramiento y en la sensibilización. Ante esto han decidido instar a los Estados a que en la legislación nacional establezcan como obligatorio mantener registros de gestión integrada de plagas.
Funciones de los organismos
La responsabilidad de aplicar la política de la UE respecto a los productos fitosanitarios se divide en tres. En primer lugar está la Comisión Europea, que se encarga de preparar la aprobación de sustancias activas en dichos productos y de llevar a cabo las auditorías para garantizar que los Estados miembros apliquen la legislación. En segundo lugar están los Estados, que autorizan los productos fitosanitarios que se van a utilizar, de aplicar la Directiva europea y de elaborar los planes de acción nacionales en los que expliquen como prevén reducir los riesgos e impactos con metas cuantificadas. Por último, los agricultores que se encargan de utilizar los productos según las instrucciones de las etiquetas.
Nuevas fórmulas no químicas
Cada vez se presta mayor atención a los métodos no químicos, ya hay Estados que promueven conceptos como el biocontrol (Francia) o los bioplaguicidas (Países Bajos). Hay que tener en cuenta también los productos fitosanitarios de bajo riesgo, solo considerados así si ninguno de sus coformulantes tiene que ser motivo de preocupación. La implantación de estos últimos está siendo lenta como se demuestra en una encuesta realizada a los agricultores, donde se asegura que menos de la mitad los conoce, aunque ninguno los había utilizado. Por eso la UE prevé un calendario acelerado para autorizarlos. Este dato contrasta las innovaciones de Francia y Países bajos antes mencionadas, ya que todos habían oído hablar de ellos o los había utilizado.
Objetivos y recomendaciones
La Comisión Europea plantea tres recomendaciones para cambiar el modelo. En primer lugar, y con un plazo máximo que expira en 2022, se debe activar la aplicación de la gestión integrada de plagas. Para ello (y en un primer momento) el órgano europeo permitirá a los usuarios recurrir a los productos fitosanitarios solo si los otros métodos no funcionan. Respecto a las ventas y uso de estos productos, el informe comunitario cree que los datos podrían ser de más utilidad si se amplía la información geográfica, incluyendo, por ejemplo, las masas de agua utilizadas para la extracción de agua potable. "El acceso a más datos de seguimiento podría ayudar a orientar las actividades para combatir el impacto medioambiental del uso de productos fitosanitarios", reza el informe.
En segundo lugar y como fecha tope el año 2023, la Unión Europea cree que se debe facilitar el acceso a las estadísticas sobre productos fitosanitarios. Por tanto, se deberían suprimir "los requisitos de agregación restrictivos de las estadísticas relativas" para permitir una publicación más útil como, por ejemplo, el de las sustancias activas con propiedades específicas. Las razones que el organismo europeo esgrime son que los dos indicadores adoptados en 2019 no han sido útiles, ya que el primero de ellos no tiene en cuenta cómo, cuándo y dónde se utilizan en dichos productos las sustancias activas. El segundo puede resultar útil para obtener datos sobre el número de autorizaciones de emergencia, pero no ofrece ninguna indicación sobre su uso o los riesgos asociados.
La última de las recomendaciones está íntimamente relacionada con la anterior, puesto que se insta a mejorar las estadísticas mencionadas. Debido a las deficiencias que se han observado en las mediciones realizadas hasta la fecha, la Unión Europea plantea desarrollar nuevos indicadores, además de mejorar los existentes. Estos deberán tener en cuenta las superficies agrícolas, los volúmenes de sustancia activa y el modo en que se utilizan los productos. Al igual que en la recomendación anterior, la organismo europeo se da de plazo hasta 2023 para actualizar los métodos de medición.
