"Las autonomías tienen que investigar si Mercadona se está saltando la ley al romper los contratos con sus proveedores sin preaviso". Así de contundente se mostró ayer en declaraciones a elEconomista Jorge Jordana, secretario general de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab). En los últimos días numerosas empresas del sector han reclamado a esta patronal la interposición de una denuncia contra la cadena de supermercados valenciana.
Jordana explica, sin embargo, que "no somos nosotros los que tenemos que actuar, sino las consejerías de Agricultura o los responsables de Competencia autonómicos, o en todo caso, las empresas a título individual". El problema es que, conscientes de las consecuencias que una decisión como ésta podría traer consigo, ninguna empresa se ha atrevido hasta ahora a dar un paso en este sentido.
Lo que dice la ley
La ley de Competencia de 1999 establece como conducta desleal "la ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida sin que haya existido preaviso escrito y preciso con una antelación mínima de seis meses, salvo que se deba a incumplimientos graves de las condiciones pactadas o en caso de fuerza mayor".
Y la cuestión es que, según denuncian distintas empresas, en diciembre se les comunicó por fax que a partir del 1 de enero dejaban de vender sus productos. Según explica Jordana, "las autonomías tienen capacidad para multar a Mercadona o incluso para declarar nula la ruptura de los contratos y obligarla a dar marcha atrás".
Bajada de precios
Mercadona ha expulsado ya de sus tiendas 800 referencias y mantiene otras 1.200 más bajo revisión. El objetivo, según explican fuentes de la compañía, es sacar los productos que no se venden y lograr así abaratar los costes -han ahorrado en los dos últimos meses 64 millones de euros- para reducir los precios a los consumidores.
Algunas marcas líderes, como Calvo o Vileda, han tenido que salir de los supermercados y otras, como Nestlé, Kellogg's, Bimbo, Leche Pascual, Don Simón, Cruz Verde o Campofrío, han sufrido también importantes recortes, lo que en algunos casos supone reducir el volumen del contrato firmado casi a la mitad.
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