La Paz, 14 nov (EFECOM).- El ex ministro de Hidrocarburos boliviano Andrés Soliz Rada pidió hoy al Parlamento incluir en los nuevos contratos petroleros una cláusula que prohíba a las multinacionales inscribir las reservas de gas del país en las bolsas de valores.
En una carta enviada al Congreso, Soliz, uno de los inspiradores de la nacionalización decretada por el presidente Evo Morales en mayo pasado, señala que Petrobras informó en Brasil de que los nuevos contratos le autorizan a mantener en sus cuentas las reservas que explotará en Bolivia.
Según el ministro, la petrolera brasileña dio esa información, pese a que el Gobierno de La Paz insiste en que tales reservas, calculadas en 48,7 billones de pies cúbicos, son del Estado desde la nacionalización.
Soliz asegura que este asunto "no puede quedar sujeto a ninguna duda o incertidumbre", puesto que las reservas actuales y futuras de gas natural, al ser "anotadas como títulos valores, sea como acciones o bonos", tienen un valor de más de 200.000 millones de dólares.
"Sugiero que el Congreso redacte un artículo en el que se prohíba a las compañías anotar nuestras reservas en bolsas de valores, ya que ellas son de propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado", dice la carta.
Los nuevos 44 contratos petroleros firmados a finales del mes pasado en Bolivia por doce compañías, entre ellas Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la franco-belga Total, están siendo analizados en el Congreso, que debe refrendarlos para entrar en vigor.
El ex ministro, que renunció el 15 de septiembre por una controversia con Petrobras, dijo que las reservas deben servir para que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) "emita bonos, reconocidos por las bolsas de valores", y tenga capital de operaciones.
Según Soliz Rada, sin esa definición sobre la propiedad de las reservas, "la industrialización de los hidrocarburos sólo quedará en enunciado".
Además, plantea que el Congreso no dé paso a la suscripción de "contratos definitivos", sino sólo provisionales, si en los convenios existen cláusulas transitorias relativas a montos de inversión y depreciación.
A su juicio, las cifras al respecto deben quedar claras, porque de ellas dependerán los ingresos del país en los próximos 30 años, y además deben ser públicamente contrastadas con las auditorías que realizó el Estado.
El ex ministro también cree que no debieron haberse suscrito contratos sobre campos marginales, porque demandarán una subvención estatal de 10 millones de dólares para las empresas, y por eso era preferible que ingresaran en ellos YPFB y Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Soliz agrega que los nuevos contratos "no deben encubrir los delitos de contrabando, evasión impositiva y estafa agravada, cometidos por empresas como Andina, Chaco, Repsol y Petrobras y que están siendo juzgados en la justicia ordinaria".
También citó el caso de Enron, por presunto fraude cometido en la construcción del gasoducto al Brasil.
El ex ministro dice que Morales está "mal asesorado" cuando cree que la nacionalización se completará sin expropiación, ni indemnización, pasos que él cree necesarios si se confirma que las cinco empresas nacionalizadas están al día en el pago de sus tributos.
Fueron nacionalizadas las empresas mixtas Andina, filial de Repsol YPF; Chaco, del grupo British Petroleum, y Transredes, participada por Shell y Ashmore; y las privadas Petrobras Refinación y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana. EFECOM
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