La Inspección de Trabajo de Cataluña ha abierto una investigación a Ryanair para evaluar si la aerolínea irlandesa ha vulnerado los derechos de sus empleados en las condiciones que quiere imponer para mantener su base en Gerona. "Debemos garantizar que el mantenimiento de empresas en nuestro país no se haga a cuesta de los derechos laborales", explican desde los sindicatos.
En la última semana, los acontecimientos se han precipitado cuando la firma de bajo coste ofreció a los trabajadores de Gerona mantener la base y a sus 160 empleados a cambio de que cambiaran su contrato fijo a fijo discontinuo, quedando así tres meses en el paro. Los sindicatos denuncian que los empleados se han visto "coaccionados" a firmar el nuevo contrato para impedir el cierre del centro de operaciones. Los que no han aceptado las nuevas condiciones, serán despedidos con efectos del 8 de enero, a menos que vuelvan a remitir el contrato firmado sin salvedades.
Según los abogados consultados por este diario, la solución planteada por la compañía y la forma en la que la está llevando a cabo podría ser "ilícita penal e ilícita laboral", apunta Enrique Lillo, abogado de CCOO, ya que busca modificar sustancialmente el contrato de un colectivo e, incluso, imponer uno nuevo, sin negociar, sin pagar indeminización alguna y sin dar explicaciones.
Además, pide que los trabajadores renuncien a derechos "indisponibles", como el de la antigüedad, lo que va contra el artículo 3.5 del estatuto de los trabajadores. Dentro de esta ley, también atentaría contra el artículo 41 en el caso de que se considerar que modifica sustancialmente las condiciones de trabajo, por lo que debería depedir a los trabajadores, pagar una indemnización y luego volver a contratarles.
Sitcpla y Sepal aseguran que los trabajadores están siendo coaccionados para firmar, lo que implica atentar contra el artículo 12.4 del estatuto que dice que nadie puede obligar a un trabajador a firmar un contrato a tiempo parcial cuando lo tiene a tiempo completo. En cuanto al ilícito penal, las fuentes legales consultadas aseguran que podría ser un delito penal porque abusa de la situación de necesidad de los trabajadores de la base de Gerona, que necesitan su empleo para subsistir.
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