Conservas Calvo se enfrenta a reclamaciones por parte de Aduanas en aranceles pendientes por un importe de hasta 19 millones de euros después de que el Tribunal Supremo haya fallado en contra de la compañía, rechazando el primer recurso de casación presentado.
Fuentes próximas a la compañía gallega aseguran que el grupo "irá abonando todas las liquidaciones que resulten de las resoluciones firmes en su contra en los tribunales, a pesar de que se haya reconocido su actuación de buena fe, y recuperará las garantías aportadas en su día para suspender el procedimiento en 2012", incluyendo una hipoteca sobre la marca Calvo.
Los hechos se remontan a hace ya más de una década. Tras una inspección Hacienda planteó una reclamación a la compañía gallega en relación con las importaciones de atún procedentes de El Salvador realizadas por el grupo durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 que estaban relacionadas, fundamentalmente, con el abanderamiento de los buques y el origen de las tripulaciones.
Importaciones
Estas importaciones se realizaron al amparo del Sistema de Preferencias Generalizadas, que establece una serie de preferencias arancelarias a las importaciones realizadas desde El Salvador a la Unión Europea, siempre que cumplan una serie de requisitos previstos. El problema surgió porque las autoridades aduaneras entendieron que estos requisitos no se habían cumplido, por lo que procedió a plantear una serie de liquidaciones por un importe total en ese momento de 18 millones de euros.
Para poder suspender el pago hasta que no hubiera resoluciones firmes, y como es habitual en estos casos, según aseguran desde la compañía, Calvo ofreció una serie de avales, entre ellos una hipoteca sobre su marca y un inmueble, que no afectaba a su actividad productiva, por un importe total de 29,6 millones de euros.
Resolución de la Audiencia
En mayo de 2012, la Audiencia Nacional resolvió a favor de Calvo las cuatro primeras liquidaciones, declarando además expresamente la buena de la compañía como importadora. Ante ello, la Dirección General de Aduanas solicitó de oficio a la Comisión Europea un procedimiento de condonación de las liquidaciones, pero Bruselas lo denegó. Aunque Calvo quedó entonces al margen, España recurrió la negativa ante el Tribunal General de la Unión Europea, que en diciembre de 2016 resolvió el recurso y, de nuevo, denegó la condonación solicitada.
La sentencia fue presentada ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde habían quedado suspendidos los demás recursos presentados por Calvo. Pocos meses después, en julio de 2017, los tribunales españoles competentes, siguiendo la sentencia del Tribunal General de la UE, en lugar del criterio aplicado en 2012, empezaron a notificar a la empresa sentencias desfavorables por las liquidaciones pendientes. En sus últimas cuentas, la compañía reconoce ahora una provisión por importe total de 19,1 millones de euros, de los cuales 5,19 millones corresponden a intereses de demora.
Calvo logró en 2018 una facturación de 583,1 millones, lo que supuso un 5,6 por ciento menos respecto a los ingresos de 618,2 millones de un año antes. Con un ebitda de casi 40 millones, para el consejero delegado del grupo, Mané Calvo, los resultados son satisfactorios "teniendo en cuenta la complicada situación del mercado brasileño y la depreciación de la divisa".
