Empresas y finanzas

El juzgado acusa a dos directivos de ACS y Escal de conocer el riesgo de terremotos del Castor

  • Archivan las diligencias contra diez funcionarios
Florentino Pérez, presidente de ACS

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs ha dictado auto de procedimiento abreviado contra dos de los investigados por el denominado 'Caso Castor', concretamente dos directivos de la empresa Escal UGS, propiedad de ACS y Escal. El juez ha adoptado la misma decisión respecto de la mercantil, como persona jurídica, lo que indirectamente apunta al primer accionista de la compañía, la constructora que preside Florentino Pérez.

En cambio, ha archivado las diligencias para otros diez investigados, funcionarios del Estado, al descartar que incurrieran en un delito de prevaricación medioambiental durante la tramitación de los permisos para el funcionamiento del almacén.

En un auto fechado ayer y que ha sido notificado ya a las partes, el juez instructor relata que los dos responsables del proyecto acordaron empezar entre los días 2 y 5 de septiembre de 2013 con la fase de inyección de gas en la planta "a caudal nominal", pese a que eran "conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear".

Esa actividad en el gasoducto provocó el 5 de septiembre un aumento de la sismicidad del que el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables cuatro días más tarde.

"En ese momento, siendo plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medio ambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11, retomando las inyecciones el día 11 a las 22:00 horas", precisa el juez. Y lo hicieron a partir de ese día y hasta el 13 de septiembre –añade en la resolución- "a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores".

Esa situación desencadenó una "gran serie de sismos en la zona" (hasta 519) que se prolongó hasta el 4 de octubre y ocasionó daños de consideración en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona.

Además, esos movimientos sísmicos generaron, en opinión del juez, "una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno".

Es más, tal y como recoge el auto, "hoy en día continúa el gas almacenado en el almacenamiento subterráneo sin que sea posible su extracción en condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente".

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S Paradox
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Sí que se sabía, había comentarios sobre los terremotos causados por 'fracking' en bastantes publicaciones foráneas, pero la mayoría no pasaban de 'escalofríos'. El tema es que la administración reculó en una decisión de autorizar el depósito, e indemnizó con mucho dinero a los afectados. Se pudo probar el 'suave, que me estás matando', poner lo que fuese en el yacimiento muy despacio, eso influye en la frecuencia e intensidad de temblores, pero si la administración era ignorante, son ellos, no la empresa, los que deben pechar con las responsabilidades. Si la empresa valoraba que el riesgo era asumible, no se les puede penalizar por algo de lo que no son responsables, piden un permiso, porque les conviene. Agur. Raus!

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