La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) propondrá a los sindicatos la creación de un contrato anticrisis, que contempla una indemnización por despido improcedente de 20 días por año trabajado, en lugar de los 45 días actuales. Además, la patronal madrileña propone aplazar nueve meses el pago del IVA y tres meses el de la Seguridad Social, o reducir el Impuesto de Sociedades, entre otras medidas. Sin embargo, Corbacho ha sentenciado que "el problema del mercado laboral es la excesiva flexibilidad".
Según ha explicado su presidente, Arturo Fernández, con estas iniciativas las empresas conseguirían un incremento inmediato de liquidez cercano al 10%.
Aumentar la competitividad
Además, la patronal solicita una reducción hasta el 25% del tipo del Impuesto de Sociedades (ahora está en el 30%), rebajarlo a la mitad para las pymes (ahora el tipo está en el 25%) y recortar cinco puntos las cotizaciones a la Seguridad Social para los empresarios. De este modo, para las pymes los primeros 120.000 euros de beneficios tributarían al 12,5%, tal y como se aprobó en Portugal el pasado 1 de enero.
En cuanto al contrato contra la crisis, el presidente de CEIM explicó que se trata, en principio, de una medida "coyuntural" que "es parte de una reforma laboral" y para nuevos contratos a desempleados. Explicó que con este nuevo modelo de contrato, tanto empresarios como trabajadores saldrían beneficiados, ya que "la ventaja para el empresario es que con 20 días de indemnización por despido va a crear más empleo que con 45".
Además, insistió en el hecho de que España "tiene que ser un país competitivo", y puso como ejemplo a Eslovaquia donde, según Fernández "tienen flexibilidad laboral". Por otra parte, Fernández aclaró que quien sostenga que los empresarios quieren destruir empleo dicen "falacias". "La empresa que tiene que hacer un Expediente de Regulación de Emlpeo (ERE) es porque no tiene más remedio, porque no tiene producción y tiene que hacerlo antes de cerrar".
Según ha explicado, con estas iniciativas, que serán trasladadas a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), las empresas conseguirían un incremento inmediato de liquidez cercano al 10%.
No llega financiación
El presidente de CEIM recordó que el dinero que el Gobierno central ha puesto a disposición de los bancos "no está llegando a las pymes", algo que supone "el cierre de muchas empresas". Por ello, avanzó que pedirá al Ejecutivo que les deje "participar en el observatorio para controlar que ese dinero llegue a las empresas".
Por ello, insistió en que la banca conceda créditos a los empresarios con condiciones viables. "A un empresario no le pueden decir que deposite el 50% de garantías cuando solicita un crédito, porque eso no es viable".
En este sentido, desconfió que la banca conceda créditos como dice que está haciendo. Por otro lado, se refirió al impago que muchas administraciones públicas profieren a los empresarios, algo que hace que la patronal "se encuentre ahogada". Una solución es que el Instituto Oficial de Crédito (ICO) avale a las empresas, propuso la patronal.
"Tenemos que hacer algo para cortar esta sangría en la que se augura que de seguir así, a finales de año habrá cuatro millones de parados, algo insostenible", opinó Fernández.
Revisión de la Administración
En cuanto al papel de los organismos públicos ante la crisis, la patronal ha pedido a la Comunidad de Madrid que los pagarés de las obras que se acometan en las administraciones públicas de la región se pueden cobrar a los 120 o 180 días.
Además, consideran una posible reforma en el sector público, ya que consideraron "injusto" que el 50% de la economía de España la soporte el sector privado, tendiendo en cuenta que la otra mitad está en el sector público. "Hay 3,3 millones de parados. Si a eso le añadimos tres millones de funcionarios, la cota se sitúa en torno al 35-40% de nuestra población activa no productiva". "No quiero decir que sobren funcionarios, sino que no aportan un Producto Interior Bruto", señaló la patronal.
Por ello, estimaron necesario que se aprueben con carácter general en todas las administraciones públicas reducciones de gasto corriente innecesario sobre los presupuesto de este ejercicio, y que en muchos casos, deberían ser equivalentes al porcentaje de déficit previsto en cada administración.
Asimismo, se debería revisar con carácter urgente la política retributiva del sector público, adecuándola a las circunstancias en las que se desenvuelve actualmente el sector privado. Por último, abogaron porque se externalicen todos aquellos servicios públicos en los que la iniciativa privada sea más eficiente.
