El presidente de la Sepi, Vicente Fernández Guerrero, ha presentado su dimisión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reapertura del caso Aznalcóllar en el que ha sido considerado investigado.
La decisión de aceptar la dimisión y, en su caso, nombrar un sustituto será del Consejo de Ministros de este próximo viernes. Montero ha subrayado que la causa judicial "forma parte de las actividades desarrolladas por esta persona en su etapa anterior".
Fernández Guerrero, como ex secretario general de Industria de la Junta de Andalucía, es uno de los tres investigados a los que la juez Mercedez Alaya, de la Audiencia de Sevilla, ha ordenado declarar tras reabrir la causa sobre la adjudicación de la dicha mina junto con Isidro y Mario López Magdaleno.
Emerita Resources presentó un recurso que ha sido estimado contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que a principios de marzo archivó la denuncia penal sobre la adjudicación de la explotación de la mina a la agrupación empresarial México Minorbis.
El auto de la jueza asegura que "resulta evidente que Grupo México, como licitador, no cumplió con los requisitos legalmente imprescindibles para pasar a la segunda fase relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar".
La acusación aseguró en enero haber encontrado defectos formales graves en las inscripciones en el Registro Minero
La Junta de Andalucía adjudicó a una filial de Grupo México, Minera Los Frailes, en un procedimiento que está aún en manos de la justicia, desde que Ecologistas en Acción denunciara irregularidades en el procedimiento del contrato de los derechos mineros de esta explotación.
La acusación aseguraba en enero haber encontrado defectos formales de carácter grave en las inscripciones en el Registro Minero, como, por ejemplo, que no se recoge quién lo solicita o la fecha de otorgamiento. Asimismo, defendían entonces los denunciantes que no hay título de adjudicación que permita a Minera Los Frailes efectuar trabajos ya en el yacimiento y que los informes esgrimidos para dar por buena la adjudicación no llegan a entrar en el fondo de la cuestión, si la aceptación por parte de una empresa que no participó en el concurso fue o no correcta pero la denuncia fue archivada en marzo.
Según indicaron fuentes consultadas por elEconomista, el hasta ahora presidente de la Sepi tenia intención de declarar desde mayo de 2015 para dejar claro los criterios de adjudicación de dicho contrato que han sido avalados por un informe de la intervención General del Estado y dos veces archivado el caso.
La Junta intentó reabrir el complejo minero, que, tras una explosión, ocasionó uno de los mayores desastres naturales de España en el año 1998. De hecho, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra consideran que la reapertura aumentaría el riesgo de que se repitiera el vertido de de Aznalcóllar, que costó 250 millones al erario público.
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