La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha anunciado esta mañana en el Congreso de los Diputados que el Gobierno quiere "modernizar y potenciar" los sistemas de detección de inundaciones -presa del "abandono" durante los últimos años- para prevenir y minimizar unos daños que ha cifrado en 800 millones de euros anuales.
Durante su intervención, Ribera ha señalado la necesidad de "mejorar" los planes y medidas existentes en la actualidad ante el aumento de la frecuencia y la virulencia de las inundaciones que provoca el calentamiento global, poniendo el acento en la necesidad de "fortalecer" la capacidad de prevención de los daños generados por estos desastres naturales, en particular las "inundaciones relámpago" que asolan el sureste del país en estos momentos.
La ministra cifró en 800 millones de euros al año los daños provocados por las inundaciones y recordó que en los últimos años han fallecido por este fenómeno atmosférico unas 300 personas, la última este verano en la localidad navarra de Tafalla.
Señaló que la actividad del Gobierno se centra en tres líneas: la ampliación de la capacidad de anticipación, con un mayor conocimiento y mejores modelos de predicción climática; el fortalecimiento de la gestión de los riesgos de inundación; y la implantación de las medidas contempladas en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI).
En este sentido, la ministra indicó que el Ministerio está revisando los PGRI elaborados entre 2011 y 2013, dentro de la revisión sexenal del ciclo de Planificación Hidrológica, y que el número de áreas de riesgo se ha incrementado desde las 1.342 identificadas originalmente hasta las 1.428, a expensas de la información que aún debe remitir la Comunidad Autónoma de Baleares.
Recordó que los actuales PGRI incluyen más de 1.000 medidas, la gran mayoría de ámbito local, con un presupuesto de 800 millones, la mayoría destinadas al ámbito local, ejecutadas junto con autoridades locales y otras entidades, como Protección Civil.
Nueva Guía de gestión de riesgos
También señaló que la revisión del Reglamento del Dominio Público Hidráulico ha limitado la ocupación y el uso de las zonas con más riesgo de inundación y se ha elaborado una Guía Técnica para facilitar su aplicación y otra Guía, junto con el Consorcio de Compensación de Seguros, destinada específicamente a las edificaciones en zonas de riesgo. Anunció una nueva Guía de gestión de los riesgos, que se presentará en 2020, orientada mayoritariamente al sector agrario.
Igualmente anunció la existencia de un grupo de trabajo específico sobre I+D+i en inundaciones, con científicos especialistas en el clima y en otras disciplinas para mejorar los modelos de predicción de inundaciones, sobre todo de los episodios locales particularmente violentos.
Ribera indicó que se están invirtiendo 15 millones en la ejecución de las denominadas infraestructuras verdes en las riberas de los ríos en Navarra, Madrid, Córdoba y Cuenca, de acuerdo con las recomendaciones de la UE y varios organismos internacionales. Puso hincapié en los trabajos que se ejecutan en el cauce del Ebro y el papel de las confederaciones hidrográficas en la materia, que asesoran y vigilan a las autoridades municipales en los tramos urbanos de los ríos, e invierten unos 20 millones anuales en los tramos no urbanos, cantidad que consideró "insuficiente".
Más seguridad en presas y embalses
La ministra apuntó que el Gobierno está preparando un inventario de las obras de prevención de inundaciones, como los embalses de regulación, y recordó que no es partidaria de incrementar las obras hidráulicas a menos que sea necesario. Dijo que se estaban estudiando la funcionalidad hidráulica de 30 obras, sin identificarlas, y que el año que viene se prevé aprobar un Real Decreto para incrementar la seguridad de las presas y embalses, muchos de ellos construidas entre 1955 y 1970.
Denunció el "abandono" que en los últimos años han experimentado los sistemas de información automática de las confederaciones hidrográficas, reivindicó la necesidad de recuperarlos y potenciarlos para que se conviertan en "centros de control" de las cuencas y faciliten la prevención de los desastres. Como ejemplo del deterioro de los sistemas de información, indicó que el presupuesto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para monitorizar los escenarios climáticos se ha reducido desde los 45 millones de 2011 a los 30 millones de 2018.
También anunció la elaboración de un nuevo protocolo de comunicación entre los agentes implicados en la gestión de las inundaciones, como la Aemet, Protección Civil o la Unidad Militar de Emergencia, algo que calificó de "clave".
Ayudas por 400 millones
Con relación a las medidas encaminadas a la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones, la ministra recordó las obras de emergencia de desarrolla su cartera y la labor de otras carteras, como Agricultura, que otorga anualmente unos 200 millones en subvenciones a las pólizas de seguros agrarios, y la existencia de otros 200 millones del Consorcio de Compensación de Seguros Agrarios.
Concluyó su intervención recordando que la UE considera "bueno" el sistema de gestión de inundaciones del país, pero confesó que "sabemos que podemos mejorar". Para ello pidió la implicación de todas las administraciones implicadas y apuntó que aún hay margen para mejorar la cartografía de las zonas con riesgo de inundación y las disposiciones regulatorias.
Señaló que hay líneas a explorar en la desocupación de las zonas de riesgo con la ampliación de los espacios fluviales, en la restauración fluvial -para que la propia naturaleza palíe las inundaciones-, o en un plan específico contra la desertificación.
Concluyó apuntando que trabaja con el Consorcio de Compensación de Seguros para aumentar la inversión en anticipación.
