La crisis industrial está pasando factura al puerto de A Coruña en un momento delicado para su futura estabilidad financiera. El plan de Naturgy de cerrar sus centrales térmicas en 2020 y el parón de las plantas de Alcoa han lastrado la actividad del puerto coruñés, que espera cerrar el año con una caída del 10% del tráfico de mercancías.
De momento, el tránsito acumula un descenso del 14,6% hasta las 5,3 millones de toneladas (datos enero-mayo) por el retroceso del 32% de la llegada de graneles sólidos y del 8,4% de los líquidos, su principal actividad junto a la pesca y los cruceros (es líder de tráfico de pasajeros en el norte de España).
Y es que, la crisis de Alcoa, que paró sus plantas de A Coruña y Avilés antes de vendérselas al fondo suizo Parter, unido al descenso de la actividad en las instalaciones e Ferroatlántica, que estudia ajustes por el elevado coste de la energía, han frenado el tráfico de alumina y bauxita al puerto gallego, lo que afecta directamente a sus ingresos. No en vano, el puerto vive principalmente de la rotación de mercancías y de almacenarlas (las tasas son el 70% de sus ingresos).
A su vez, debido al inminente cierre de las centrales térmicas y a que no se está quemando nada de carbón por el bajo precio del gas natural y el elevado coste de los derechos de emisión de CO2, el puerto coruñés espera recibir como mucho un buque de carbón más antes de que la actividad desaparezca. Así, se han cancelado los planes para trasladar esa línea de negocio al puerto exterior, que tiene más de 100 hectáreas todavía disponibles, casi la mitad de su capacidad total.
Ante el fin de esta actividad y la puesta en funcionamiento del nuevo puerto, que se ha construido a las afueras de A Coruña por motivos medioambientales tras varios accidentes, como el del petrolero Urquiola o el del Mar Egeo (la casa más cercana está a dos kilómetros), la Autoridad Portuaria ha puesto en marcha un plan comercial para atraer nuevos operadores. El presidente del puerto, Enrique Losada, asegura que están negociando con distintas compañías aunque todavía no tienen nada nuevo cerrado. El último acuerdo se firmó con Oil Deposit Corunna (ODC), que se ha comprometido a invertir 35 millones. En total, las empresas privadas tienen previsto invertir 200 millones en instalarse en el puerto exterior, la mayor parte (125 millones) corresponde a Repsol, que está trasladando su actividad a desde el puerto interior. La petrolera tenía previsto mudarse en abril de este año pero debido a problemas burocráticos se retrasa a 2020. El puerto exterior mueve 2,27 millones de toneladas de las que el 28% vienen de tráficos nuevos.
Problema con la deuda
El desarrollo comercial del puerto exterior no es el único frente que la Autoridad Portuaria tiene abierto. El cambio de Gobierno en junio de 2018 y la inestabilidad política han dejado al nuevo puerto sin conexión ferroviaria y sin fondos para pagar la deuda de 304 de millones tiene con Puertos del Estado y el BEI por su construcción. Y es que, según denuncian desde la Autoridad Portuaria, el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no ha dado por bueno el protocolo que se firmó en abril de 2018 con Iñigo de la Serna para construir la conexión ferroviaria. La obra se tendría que haber licitado en el primer semestre de 2019 y no hay avances.
Hacienda alerta de que la Autoridad enfrenta "incertidumbre financiera"
En cuanto a la deuda, la Autoridad tenía previsto pagarla con la venta de los terrenos del puerto interior que quedan libres por el traslado de la actividad industrial a la nueva infraestructura, que ha costado 750 millones. La operación, valorada en unos 250 millones, está parada por la oposición política de Podemos, que estaba en el ayuntamiento, y del PSOE. El año pasado se firmó un acuerdo alternativo para que la Xunta de Galicia inyectara dinero y parte del puerto fuera de uso público, proyecto que no se está materializando. También se ha pedido que se condone la deuda. Hasta ahora, desde Fomento no se ha propuesto ninguna solución y la Autoridad Portuaria tiene que empezar a pagar el crédito en 2021, año en el que calcula que necesitará 31 millones.
La falta de capacidad para afrontar los pagos ha llevado a Hacienda a alertar de que la Autoridad enfrenta "incertidumbre". "Dado que no se ha firmado el convenio, ni se han recibido los ingresos adicionales previstos como alternativa a la venta de algunos activos, la incertidumbre se ha materializado. Esta afecta a la capacidad de financiación de la Autoridad", asegura.
