Decir que España es un país emprendedor no es sentenciar que somos más trabajadores que el resto de Estados europeos, sino la constatación de una cifra. La del 99,88, que corresponde al porcentaje de pequeñas empresas que integran el tejido empresarial del país. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Fundaciones
Desde el inicio de la crisis esta tendencia no ha hecho más que crecer. Especialmente entre los jóvenes, que tras escuchar durante seis años que la tasa de paro juvenil se sitúa por encima del 50%, y que las oportunidades están en el exilio, han decidido sacar el talento y aplicar los conocimientos que les ha proporcionado su formación superior, y poner en marcha sus propios negocios.
Junto con el emprendimiento, hay otro concepto que está cada vez más en boca de todos: la responsabilidad social (RSC). Que ambos se dieran la mano era una cuestión de tiempo ante una apuesta segura. El valor de la RSC es cada vez más palpable en las empresas, especialmente en las multinacionales, que incrementan sus inversiones en el desarollo de planes relacionados con la sostenibilidad medioambiental o los proyectos solidarios. Las pymes, incapaces de competir con estas grandes cifras, se apoyan en una idea mucho más simple: que la compañía que creen sea social y solidaria desde el primer momento.
Más incentivos
Las empresas sociales son, precisamente, las que aprovechan la actividad empresarial para transformar una realidad social. Así lo percibe Lola Palacio, una una ingeniera que hace ya cuatro años puso en marcha Concepto Industrial o Glass Concept, una compañía donde trabajan cinco empleados con discapacidad intelectual . Para ella "ser emprendedor social es querer hacer bien las cosas". María Luisa Fresno y su hija Macarena también decidieron apostar por Soulem, una empresa que forma a sus empleadas -mujeres en riesgo de exclusión social- en la difícil profesión de pantalleras de lámparas.
El ser las ganadoras de Momentum Proyect, les dio el empujón financiero que necesitaban para empezar a despegar. Como esta iniciativa, se han puesto en marcha otras similares, igualmente patrocinadas por entidades financieras con amplio recorrido en programas comprometidos con la sociedad. Es el caso de las ayudas que ofrece la Obra Social la Caixa, que dota de 25.000 euros a aquellas personas que quieran emprender una empresa social.
En España, las cooperativas y las sociedades laborales dan empleo a casi 335.000 personas, y los centros especializados de empleo y las empresas de inserción hacen lo propio con casi 75.000 trabajadores.
La economía social ya prueba ser un eficaz remedio contra el desempleo juvenil. El 47% de los empleos están desempeñados por menores de 40 años; y favorece el emprendimiento: el 45% de los jóvenes emprendedores que promueven nuevas empresas optan por las sociedades cooperativas o laborales como modelo empresarial.
Ante este panorama se hace evidente que el emprendimiento y la economía social son los nuevos motores del empleo, y un catalizador de nuevas oportunidades para toda la sociedad, que hace más justo y equitativo el acceso al mercado laboral. Por ello, las iniciativas para potenciar la economía social también deben partir del Gobierno. La tarifa plana para los autónomos que se den de alta por primera vez o el reciente anuncio del Ministerio de Empleo, que ya ha puesto en marcha un anteproyecto de ley por el cual se bonificará con 2.400 euros a lo largo de tres años a aquellas personas que se incorporen como socios a cooperativas o sociedades laborales de la economía social -cuantía que ascenderá 3.250 euros durante el primer año para los menores de 30 años o 35 años con discapacidad- son moderados incentivos que van por buen camino.
