Valladolid
Con más de 150 años de historia, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro está viviendo y protagonizando los cambios que se están produciendo en el sector agrícola español desde una óptica de empresarios tradicionales integrados en las patronales de referencia como Fomento del Trabajo o CEOE, pero a la vez desde un punto de vista innovador.
Con un discurso muy peculiar en defensa de la propiedad y la economía de mercado, el Instituto mira hacia Europa como el terreno de actuación más importante para los próximos años y aboga por reformas de calado que coloquen al sector agroalimentario a la misma altura que otros sectores de la economía que generan un alto valor añadido, según explica su presidente, Baldiri Ros, en esta entrevista.
-Para situarnos, ¿qué es el Instituto Agrícola?
El Instituto Agrícola es una asociación centenaria nacida en Cataluña que representa a una amplia variedad de empresarios de todos los tamaños de productos y servicios agroalimentarios, desde productores y transformadores hasta elaboradores y comercializadores, incluyendo otras actividades de la economía rural como el turismo rural.
-¿Qué defiende y cuáles son las líneas estratégicas en las que trabajan?
Defendemos la importancia capital que para la economía y para la vida en general tiene el sector agrario. Para ello, creemos que tiene que ser tratado igual que cualquier otro sector y no tener que verse continuamente sujeto a legislaciones proteccionistas que dañan más que benefician a los agricultores y ganaderos. En este sentido, consideramos prioritario dirigir nuestra mirada a Europa para construir un mercado integrado basado en ideas clave como la competitividad y la productividad del sector agrícola. Pasar de lamentarse continuamente por los precios o las cosechas a pensar a lo largo de la cadena de valor.
-Actualmente se está dando forma en Europa al nuevo modelo de la PAC. Para el Instituto, ¿cuáles deben ser las prioridades?
Las claves son claras: competitividad y productividad. Esto exige de una reforma en profundidad de los principios que rigen la PAC, lo cual pasa inevitablemente por eliminar los pagos directos -primer pilar- cambiándolos por pagos condicionados -segundo pilar- y acciones encaminadas a articular un mercado que en este momento está fragmentado en múltiples regiones y provincias. Invertir en infraestructura de mercado y digital es clave para lograr una integración plena de los mercados internos y, en consecuencia, obtener más valor de cada producción agrícola. Aunque a los productos agrarios les vaya muy bien en los mercados internacionales, su capacidad de crecimiento se ve lastrada por la inexistencia de un mercado nacional integrado con señales claras de precios, oferta y demanda. Sirva como ejemplo el caso del aceite de oliva, cómo siendo uno de los productos más importantes de España en el mundo ni tan siquiera hay un mecanismo de contratación y liquidación de entregas con liquidez y precios continuos.
-El agrario es un sector subsidiado. ¿Al final, las ayudas suman o restan al desarrollo de la agricultura?
La evidencia de más de cinco décadas de subsidios continuados a la agricultura habla por sí sola: los precios en origen a valor actual de los bienes más básicos como los cereales o el vino son prácticamente similares a los de hace tres décadas, justo antes de la entrada de España a la Unión Europea. La PAC y, anteriormente, los mecanismos de control de precios de los productos agrarios han provocado un hundimiento claro de los precios en origen por una razón muy sencilla: dado que es conocida la cuantía del pago directo al productor, aquél que compra el producto en origen -sea, por ejemplo, un transformador o un distribuidor- automáticamente descuenta en el precio de compra que ofrece al agricultor la cuantía del subsidio. Por tanto, la PAC en la práctica es un mecanismo de transferencia de rentas desde los agricultores de base hacia la industria, los tan denostados intermediarios. En este terreno hay un caso muy claro que es el de Nueva Zelanda, donde en 1984 se puso en marcha una reforma capital como fue la desaparición de los subsidios agrícolas -por cierto, llevada a cabo por un gobierno de izquierdas-. Desde entonces, este país se ha convertido en una de las potencias agroalimentarias más importantes del mundo en productos que parecían estar condenados a un eterno letargo como son la leche o la carne.
-La falta de dimensionamiento es uno de los lastres del sector. ¿Qué fórmulas deben arbitrase para incentivarlo?
Efectivamente, el dimensionamiento es fundamental, pero en sus dos vertientes: una, el dimensionamiento del mercado para ganar tamaño y peso en la economía global, y la otra, el dimensionamiento de la empresa. Se necesita revisar en profundidad el modelo cooperativo para lograr una mayor capitalización y fortaleza financiera de las explotaciones agrarias. En su momento tuvo una importancia extraordinaria para el desarrollo del campo, pero ahora, en pleno siglo XXI y con enormes innovaciones en el campo de la gestión,
es necesario acercarnos a un modelo de empresas abiertas, bien gestionadas y con una propiedad clara.
-La Unión Europea está a punto de consumar la ruptura con Gran Bretaña. ¿Qué impacto cree que puede tener en la agroalimentación española?
Sin duda el sector puede verse afectado sensiblemente porque Gran Bretaña es uno de los principales destinos de la exportación agroalimentaria española. Confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, en especial, basado en el modelo actual de libre comercio sin aranceles tanto explícitos como implícitos que puedan impedir un comercio libre y fluido. No debemos repetir los errores que en comercio exterior se cometieron hace tres años con las sanciones a Rusia, por el grave perjuicio que a corto y medio plazo está teniendo sobre un mercado que fue muy importante para España.
Uno de los problemas del mundo rural es la demografía. -¿Qué proponen para combatir la despoblación del mundo rural?
Creemos en un modelo de zonas económicas especiales basado en dos pilares: uno fiscal de exenciones en inversión y creación de empleo, y otro de infraestructura digital que permita conectar cualquier punto de la geografía con los mercados exteriores. Puesto que lo más urgente en la agricultura en España es una integración y vertebración de los mercados, una de las formas es precisamente la interconexión efectiva de las zonas rurales y esto no es cuestión de multiplicar el presupuesto ni el gasto, sino de hacer atractivo para inversores el instalar banda ancha.
-En esa línea, ¿se están dando los pasos adecuados para el relevo generacional?
El relevo generacional se está basando más en engordar presupuestos destinados a subsidiar a jóvenes agricultores que a ayudar a un verdadero relevo generacional. El sector agrícola tiene mucho futuro para los jóvenes y estos deben sentir que pueden emprender actividades rentables y de largo plazo, no estar permanentemente dependiendo de la paga del Gobierno de turno o de programas de subsidios a la inversión en bienes de capital para los que, o bien no están suficientemente preparados -por ejemplo, la morosidad en las líneas de crédito hacia jóvenes agricultores-, o bien les falta el conocimiento necesario para asumir los riesgos y saber gestionarlos en todo momento. Siempre lo más fácil es subvencionar créditos para la compra de maquinaria agrícola, pero no siempre es lo que el joven necesita. Primero tiene que estudiar qué actividad quiere desarrollar, en qué marco y con qué perspectivas de futuro.
-¿Qué papel deben jugar las empresas agrarias en el impulso de la digitalización y la innovación tecnológica en el campo?
En el esfuerzo de que el sector agrícola sea considerado como uno más, el papel de la empresa en la digitalización e innovación tecnológica tiene creciente importancia. Sólo hay que ver la evolución de las exportaciones españolas en estos años de expansión económica para ver que el sector agroalimentario está concentrando una parte importante de la innovación y, con ello, la obtención de productos con mayor valor añadido.
-Ustedes afirman que el agua es el combustible del sector. ¿Es posible arbitrar una política hidráulica que contente a todos?
Al igual que ocurre con los mercados agrícolas, necesitamos una integración de los mercados del agua. El agua en este momento, en su extracción y uso para riego, es un bien comunal mal gestionado, con una dispersión enorme de precios y sin señales claras que inviten a la entrada de inversores y de compañías que hagan un uso responsable y sostenible del agua. Nos pasamos la vida en el discurso político y las luchas entre regiones por los trasvases, cuando no tenemos ni siquiera lo más básico como unos derechos de propiedad claros y bien definidos.
-A su juicio, ¿qué papel juega la fiscalidad en el sector agrícola? Sabe que es una de las quejas recurrentes por parte de los agricultores...
Cierto que es una de las quejas recurrentes, y no es para menos. A pesar de que el mundo agrario cuenta con algunos regímenes especiales como en el IVA o la Seguridad Social, la lacra fundamental es la enorme dispersión regulatoria existente, su complejidad y, por tanto, los altos costes de cumplimiento normativo y tributario que esto genera. Para empezar, es necesario acabar con el régimen de módulos en el IRPF, una fiscalidad anquilosada y que no responde a las necesidades del sector. En segundo lugar, el coste más importante sigue siendo la Seguridad Social, y más aún cuando se elevan los costes de contratación como ocurre con el salario mínimo. Y, por último, la tributación se vuelve casi confiscatoria en impuestos como el de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio. Dado que la mayor parte de los bienes agrarios son ilíquidos dentro del año fiscal y han sufrido subidas de la presión fiscal de forma indirecta a través de los valores catastrales, el agricultor tiene que pagar por unos bienes sobrevalorados con respecto al precio de mercado y sin que estos hayan generado los rendimientos mínimos para poder hacer frente al pago del impuesto.
-¿Qué papel puede jugar el turismo rural en la dinamización económica del mundo rural? ¿Y cuál es el papel del sector forestal -este último especialmente afectado por la regulación medioambiental y las medidas de lucha contra el cambio climático?
-El medio rural es mucho más que agricultura. En especial, el Instituto ha puesto tradicionalmente énfasis en el sector forestal, muchas veces olvidado pero que es clave para generar actividad económica en un sector que permita servir de contrapeso al cambio climático, pero que se ve continuamente amenazada por regulaciones intervencionistas como impuestos a determinadas actividades forestales o el cumplimiento de normas medioambientales que suponen la ruina práctica de las explotaciones. En vez de tener claro que los montes y territorios forestales tienen que ser gestionados desde la óptica de los derechos de propiedad, se recurre a impuestos pigouvianos que entorpecen la actividad económica y desincentivan tanto las inversiones como su propio mantenimiento ordinario. No debería extrañarnos que por tanto querer proteger la naturaleza, ésta termine siendo dañada. Por otro lado, otra actividad no menos importante es el turismo rural y aquí es donde también España se ha vuelto fuertemente competitiva, especialmente como forma de rentabilizar zonas y actividades que antes con la mera producción agropecuaria no era suficiente para vivir.
-Y en Cataluña, ¿qué problemas tiene el sector agrario?
A nivel regional se han adoptado diferentes regulaciones que impactan negativamente en el sector agrícola, sobre todo porque se diseñan de arriba a abajo, partiendo de una única idea o un único objetivo que hay que conseguir sea cual sea su coste. Es lo que sucede por ejemplo con la regulación medioambiental, donde los objetivos pasan por encima de la realidad de las explotaciones y en muchos casos las abocan a la quiebra.
