La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha puesto en primer lugar de la agenda de su departamento la preparación de la reforma de la PAC que deberá entrar en vigor en 2021, en la que nuestro país se enfrenta al reto de mantener los 47.000 millones de euros asignados para el actual periodo 2014-2020.
Este mismo trimestre, García Tejerina movilizará a todo el sector en una "gran Conferencia" para buscar el mayor consenso posible a la hora de elaborar una propuesta de posición común ante la reforma. Se trata, afirma el director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda de "en lugar de ir a remolque, como se fue en 2012, cuando prácticamente todas las decisiones estaban tomadas, tener una posición para poder influir en la toma de decisiones, de manera que cuando se configure lo que deba ser la estructura de reforma de la PAC nos veamos reflejados en esos textos".
Este trabajo se hará en paralelo con la consulta pública que ya ha presentado la Comisión Europea para, en septiembre, emitir una comunicación en la que ya se conocerá las pistas definitivas de la futura PAC más allá de 2020.
La reforma de la PAC tiene dos hitos. El primero, la negociación del marco financiero para el próximo periodo, en el que se ha de asegurar un presupuesto ambicioso para el capítulo agrario; y la reforma en sí misma, en la que España debe defender un modelo que se adapte a sus necesidades y peculiaridades. Aunque hablar de la negociación del presupuesto comunitario y de la PAC va siempre irremediablemente parejo a una gran dosis de "incertidumbre" en el proceso que se avecina, ésta de dispara exponencialmente por la aparición de un proceso que ha hecho temblar las estructuras europea: el Brexit.
"Tremendamente dura"
El Reino Unido es actualmente uno de los dos mayores contribuyente al presupuesto de la UE con cerca de 7.000 millones de euros netos. Su salida dejará un agujero de 3.000 millones si tenemos en cuenta que recibe como contrapartida de 3.400 millones en pagos de la PAC. Las opciones son dos: o que los Estados miembros cubran total o parcialmente ese hueco, o reducir el presupuesto comunitario. Aunque Fernando Miranda recuerda que la Política Agraria Común se ha enfrentado a otras negociaciones muy complicadas, reconoce que en el nuevo escenario "las negociaciones van a ser tremendamente duras".
Miranda hace un llamamiento a la tranquilidad: "Nuestros agricultores y ganaderos tienen que estar tranquilos porque hasta 2020 están aseguradas las ayudas. Para el próximo período vamos a defender que siga teniendo un presupuesto importante, al menos como el que ha tenido hasta ahora".
José Luis Miguel, director técnico de Coag, reconoce también las "enormes incertidumbres" que arroja el Brexit, que sin duda va a "tensionar" el presupuesto comunitario aunque cuestiona que el Reino Unido deje de contribuir totalmente y renuncie totalmente a un mercado como el europeo. El director de Relaciones Internacionales de Asaja, Ignacio López, asegura que la reducción de los fondos agrarios depende, al final, de los llamados sobres presupuestarios nacionales, "porque al final lo que consigas de una cosa te la quitan luego de otra".
López fija claramente para España la obligación de que "al menos se mantengan" las partidas agrarias porque "el presupuesto de la UE para agricultura ha ido descendiendo en los últimos años del 80 por ciento que significaba en los años 80, a menos del 40 por ciento que significa ahora mismo". Para este experto, además del Brexit hay otra serie de factores que contribuyen a la incertidumbre sobre el presupuesto de la PAC. La crisis de los refugiados, que va a desviar una cantidad de dinero, o las elecciones en Estados Unidos, Alemania o Francia que puede llevar a la UE a tener que sufragar gastos en Defensa. "Por mucho que nos asista la razón, los agricultores y ganaderos debemos ser conscientes de lo que nos viene encima".
El lado menos negativo, en su opinión, es que la salida debilita la posición de la denominada banda de los cuatro -Reino Unido, Holanda, Suecia y Dinamarca-, contrarios a las ayudas agrarias. Lo que cada vez coge mayor consistencia es que la nueva PAC retrasará su entrada en funcionamiento.
Un proceso "tan voluminoso y complicado como el Brexit", afirma Fernando Miranda, se va a llevar muy buena parte de la agenda europea durante los próximos años y eso va a interferir en los demás, incluido el del marco financiero para el próximo período plurianual. Este hecho hace que en el Ministerio se baraje ya la posibilidad de que el actual modelo se prolongue "uno o dos años", aspecto que también apunta Ignacio López, de Asaja.
A eso se une que "las elecciones europeas serán en mayo de 2019. Si las propuestas legales que tiene que presentar la Comisión, que hasta finales de este año no hará pública su comunicación previa, se concretan en 2018, es muy difícil que tenga tiempo para que en este mandato del Parlamento Europeo se apruebe la reforma. El calendario es muy ajustado", explica Miranda.
Más allá del futuro de las partidas agrarias y el calendario, la negociación de la PAC puede introducir cambios en el actual modelo. Y en algo en lo que coinciden todos los expertos consultados por elEconomista es que vamos a una PAC más verde. Esto, junto con la necesidad de mantener un modelo alimentario de máxima seguridad y calidad como el europeo, apuntalan el principal argumento que esgrime el Ministerio de Agricultura para defender la continuidad de las partidas para la PAC.
"Nuestra postura va a ser que la alimentación es muy importante para Europa y en un mundo en el que está creciendo la población va a ser necesario producir alimentos y además hacerlo de una manera sostenible y respetando el clima y el medio ambiente. Eso va a obligar a más exigencias para los agricultores y no se les puede pedir más esfuerzos y a la vez reducirles las ayudas que les prestamos", asegura Miranda.
José Luis Miguel, director técnico de Coag, coincide en que "la sostenibilidad medioambiental o la lucha contra el cambio climático van a estar más presente en la PAC", aunque recuerda que agricultores y ganaderos ya vienen haciendo "el esfuerzo". "Para mí el debate es que muchas veces hay interpretaciones maximalistas, sin tener en cuenta que el principal objetivo y la función estratégica de la agricultura es producir alimentos para la sociedad no ser la guardiana del medio ambiente. No se trata de convertir a los agricultores en jardineros y guardas forestales".
Cómo afectará esta ecologización al actual modelo, en el que ya se incluyen medidas medioambientales en la condicionalidad y el pago verde o greening. Para Ignacio López, "los pagos directos se van a mantener como pilar, aunque se va a trabajar seguramente en una mayor ecologización. Habrá que ver cómo se materializa esto, o dando mayor parte del Presupuesto a las ayudas verdes -del 30 por ciento actual hasta el 40 o el 50 por ciento, o bien metiendo más requisitos para ese pago, estableciendo un criterio nuevo que sea en base a objetivos, a través de contratos territoriales o de explotación, acuerdos sociales donde se establezcan unos objetivos que coordinados con el COOP21 de reducción de gases invernaderos de cada país.
Sin embargo, José Luis Miguel entiende que "es un debate abierto. No hay que prejuzgar que haya que endurecer la normativa porque a lo mejor hay cosas que se están haciendo y no son tan efectivas".
Para Fernando Miranda, "si se va a aumentar la ambición medioambiental, es posible que la dotación presupuestaria que se derive a esos objetivos se amplíe. Que puede ser en la forma del pago verde actual o en la forma de un pago medio ambiental que tenga elementos que tienen el greening actual y la condicionalidad actual. Será fruto de la negociación".
"Mayor convergencia"
La convergencia exterior de las ayudas es otro de los debates que no quedará fuera de la negociación, impulsada por los últimos países en incorporarse a la UE y que reciben menos fondos. El director técnico de Coag se muestra en este aspecto seguro de que "va a ser una tendencia bastante evidente porque cada vez hay menos legitimación a unas ayudas de carácter histórico y seguir vinculando los pagos a esas referencias parece que no va a ser posible". No obstante rechaza ir a una tasa plana "porque para España sería un problema ya que hay grandes diferencias en las zonas de cultivo".
También el director general de Producción y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, ve "posible" que los países que reciben menos vengan reclamen un esfuerzo de convergencia externa. "Nosotros no estaríamos por la labor de que eso supusiera una transferencia de fondos de España a otros países. Tenemos que preservar la parte que le corresponde a España y desde luego pensamos que existen diferencias porque también las existen en materia de coste de producción y del coste del suelo y del coste de la vida".
Más ayudas a los jóvenes
La incorporación de jóvenes será otra de las peleas de nuestro país en la negociación. Fernando Miranda asegura que "es una prioridad que va a tener la PAC que venga, entre otras cosas porque al hilo de los jóvenes van muchas cosas asociadas y dos que son especialmente importantes, como el empleo y la innovación". "España va a defender que haya más incentivos, que algunos pueden ser en forma de más ayudas, y otros en aspectos regulatorios, es decir facilitándoles el acceso a la tierra, los trámites administrativos o la formación. Hay muchos instrumentos", añade.
