El próximo 1 de enero el sector vitivinícola sufrirá una transformación histórica con la sustitución del sistema de derechos de plantación por el de autorizaciones, que permite el incremento "controlado" de la superficie de viñedo en los países integrantes de la Unión Europea. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Agro
Siete denominaciones de origen españolas, entre ellas algunas de las que gozan de más prestigio y proyección, como Rioja, Ribera del Duero o Cava, han optado por "blindarse" ante la reforma introduciendo límites a esta "liberalización" ante el temor de situaciones de sobreoferta que repercutan en los precios y en la estabilidad del sector.
El nuevo sistema de autorizaciones, que estará vigente hasta 2030, prevé que cada Estado miembro pueda establecer un incremento anual de entre el 0 y el 1% de su superficie de viñedo. España dispone en la actualidad de 958.777 hectáreas, la mayor superficie de todo el mundo, por lo que el incremento cada año podría alcanzar unas 9.500 hectáreas.
Acabar con el inmovilismo
La reforma pretendía acabar con el inmovilismo en el sector que ha supuesto el actual sistemas de derechos, que pasarán a convertirse en autorizaciones vigentes por un periodo de 3 años. Hasta ahora, para poder plantar viñedo se necesitaba comprar estos derechos en el mercado a los viticultores que disponían de ellos o acudir a las "reservas" que cada autonomía había ido acumulando en las sucesivas reestructuraciones del sector. Esta última vía estaba prácticamente paralizada porque para adjudicar nuevos derechos se requería un informe preceptivo de los Consejos Reguladores. De hecho, desde el año 2000 sólo se ha ganado superficie en las dos últimas campañas, con apenas 5.204 hectáreas más en total.
Pese a que la reforma, aprobada por la Unión Europea en 2013, acaba con los planes iniciales de liberalización total del sector y que finalmente la ampliación se limita a hasta un máximo de un 1%, el nuevo sistema ha generado una gran inquietud entre las Denominaciones de Origen con más renombre, que temen que las peticiones para plantar nuevo viñedo provoque una masificación que devalúe la marca.
La presión de las denominaciones de origen y de las organizaciones agrarias llevó a la Comisión Europea a permitir una limitación al incremento de la superficie en las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegida, a la que han solicitado acogerse siete de las 69 D.O. existentes: Rioja, Ribera del Duero, Cava, Utiel-Requena, Navarra, Priorato y Chacolí Vizcaya. Pese a que cuantitativamente no parezca significativo si lo es desde el punto de vista cualitativo porque algunas de ellas son las que mayor gozan de mayor prestigio y por tanto son las más codiciadas.
Justificar las limitaciones
Las limitaciones, según recoge el RD 740/2015 de 31 de julio aprobado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente deben estar debidamente justificadas en base a un estudio que demuestre "la existencia de un riesgo de oferta excesiva de productos vinícolas en relación con las perspectivas de mercado para esos productos, o un riesgo de devaluación significativa de una Denominación de Origen Protegida o Indicación de Geográfica Protegida específica".
El plazo de presentación de las solicitudes de limitación de superficie concluyó el pasado 30 de noviembre y ahora deberán ser estudiadas y aprobadas por el Ministerio, que debe fijar además el porcentaje de crecimiento nacional.
La mayor inquietud que genera el nuevo sistema es que como el crecimiento de hasta el 1% que puede introducir el Ministerio es de toda la superficie plantada en nuestro país, las peticiones de autorizaciones se pueden acumular en las zonas con más tirón.
Rioja, la más restrictiva
La primera denominación española, la de Rioja, ha sido la más agresiva y ha solicitado la limitación para los próximos tres años con el objetivo de garantizar la continuidad de su modelo de desarrollo sostenido "ante la amenaza que representa el nuevo sistema de autorizaciones", según aprobó el Pleno del Consejo Regulador, que amparaba su decisión en el Estudio de las posibilidades de crecimiento de la superficie de viñedo en la D.O. Rioja? realizado por expertos de las universidades públicas de La Rioja, País Vasco y Navarra y en el que se pone de manifiesto "un riesgo de devaluación significativa de la D. O. Calificada Rioja".
La reina de las Denominaciones de Origen por prestigio y ventas solicita al Ministerio un incremento recomendado de potencial productivo de 387 hectáreas -un 0,6% sobre las 64.526 hectáreas actuales- para cada uno de los tres años en que se ha centrado la planificación, sin perjuicio de una eventual revisión de lo planteado para los dos últimos años en función del comportamiento de la comercialización. En este sentido, si las ventas a 31 de agosto de 2016 crecen en términos interanuales por encima del 1%, el incremento de potencial productivo para el año 2017 será del 1% en lugar del 0,6%, es decir, de 645 hectáreas. Idéntico criterio se aplicará para el año 2018 en función de la evolución de las ventas interanuales a 31 de agosto de 2017.
El Consejo Regulador ha ido más lejos al vetar en la práctica el desembarco de grandes grupos vitivinícolas de fuera de su zona de influencia al limitar a una hectárea para cada uno de los tres años de vigencia del acuerdo "tanto las autorizaciones de replantación procedentes de viñedos arrancados o de conversiones de derechos" que procedan de fuera de la D.O.
"Actitud prudente pero no cerrada" en Ribera
Ribera del Duero, otra de las niñas bonitas del panorama vitivinícola español, ha establecido un margen mayor, del 1,33% de la superficie actual, unas 350 hectáreas. Los cálculos del Consejo Regulador para fijar dicho índice ha sido la media de crecimiento de los últimos cinco años, incrementado en un 20%. El presidente de la D.O., Enrique Pascual, asegura que "hemos adoptado una actitud prudente pero no cerrada. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa en los próximos dos años porque ahora es una incógnita".
En el caso de la Denominación de Origen Navarra sólo se podrán conceder autorización hasta cubrir el 0,5% de las 11.500 hectáreas de superficie existentes, es decir apenas 55 hectáreas. También se veta la llegada de viticultores foráneos.
Su presidente, David Palacios, justifica la decisión en que "en la Denominación tenemos un equilibrio entre oferta y demanda, algo que nos ha costado muchos esfuerzos y nos ha hecho dejarnos muchos pelos en la gatera. En los últimos tres años hemos bajado superficie para adaptar la producción a los que somos capaces de comercializar vender y como las medidas son revisables año a año siempre se puede modificar". También en esta denominación se limita la llegada de autorizaciones de otras comunidades para evitar que el nuevo sistema "sea un coladero para empresas que no tiene mucha vinculación con la zona o que van a otro tipo de vinos".
"Los experimentos, con gaseosa"
En la pequeña D.O. Txacolí Vizcaya, que en la pasada campaña obtuvo un espectacular incremento de ventas, se ha fijado un límite del 1% sobre la superficie inscrita este verano -apenas 3,92 hectáreas- y no se permite ni una sólo hectárea de replantaciones de otras zonas. El secretario del Consejo, Antxon Txapartegi, asegura que al ser un Denominación pequeña, "los crecimientos tienen que ser escalonados. No nos oponemos a la liberalización pero debe hacerse con cabeza. Los experimentos con gaseosa", afirma.
La D.O. Priorato no ha hecho una recomendación como tal pero sí ha hecho llegar al Ministerio un informe sobre la evolución de la superficie en los últimos 10 años "para que se tenga en cuenta", según explica el secretario del Consejo Jaume Josa, y que refleja una media de crecimiento de 28 hectáreas anuales. De cualquier forma, esta denominación ya tiene una limitación en su reglamento, que impide que una misma persona física o jurídica pueda realizar nuevas plantaciones superiores a 3 hectáreas.
