Abengoa, ACS, Telefónica, OHL o Sacyr son ejemplos de empresas que en algún momento se han declarado en concurso de acreedores. Sin embargo, ¿en qué situación se encuentran las pequeñas compañías? La ley concursal española se ha visto modificada en 22 ocasiones. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Pymes, Autónomos y Emprendedores
En ciertos casos, los cambios se realizaron como consecuencia de situaciones concretas, tratando de evitar la caída de las grandes empresas y de sus acciones, pudiendo así afectar negativamente al sistema financiero español, principal operador en los procedimientos concursales, al decidir qué compañías son rescatadas y en qué momento.
Actualmente, en España pueden acogerse a este proceso tanto empresarios como autónomos y particulares, siendo las compañías de menor tamaño las más concursadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, según el estudio sobre Concursos y Disoluciones realizado por Informa D&B, el 83% de las empresas concursadas en 2016 han sido microempresas, las pequeñas compañías han supuesto el 15%, las medianas casi un 2% y las grandes no han llegado al 0,4%.
No obstante, tal y como cuenta Luis Martín, presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), "todas las modificaciones del año pasado respecto a los acuerdos de homologación -que implican no ir a concurso- se han hecho para las grandes empresas. Así, esta opción -que paraliza los pagos de facturas que no corresponden a Administraciones Públicas- únicamente se ha realizado 33 veces en lo que va de año frente a los 2.971 concursos".
Búsqueda de soluciones
De igual modo, Pavón sostiene que "los acreedores se encuentran más proclives a buscar soluciones en los procesos de las grandes empresas, situación derivada del volumen de deuda concentrada frente a la de la pyme". Este es el motivo por el cual, según Martín, continúa habiendo mayor número de concursos que de acuerdos: "Las pymes quedan totalmente desamparadas y terminan en concurso debido a que los bancos sólo atienden a los grandes casos, no tienen equipos para los pequeños".
De igual modo, Martín añade que "sólo las grandes compañías tienen capacidad para acceder a los mecanismos de refinanciación, a pesar de que la mayoría de las afectadas son de menor tamaño".
Por otro lado, muchas pymes se enfrentan a otros obstáculos como la ausencia de experiencia previa: "Los errores de planificación por parte del equipo gestor que debe liderar el proceso hacen inviable la superación de dicho concurso", asegura Pavón.
La ley concursal permite paralizar los pagos sin graves consecuencias para el que deja de pagar. Así, éste se ampara en la ley y el juzgado nombra a un experto que estudie sus cuentas y vea las causas de la insolvencia, con el fin de encontrar la fórmula de continuar con la actividad. De este modo, amparándose en la ley, alguien tiene capacidad de dejar de pagar hasta que la empresa pueda generar tesorería y, finalmente, alcanzar un acuerdo de repago con sus acreedores.
Cambio cultural
A pesar de su intención positiva, el proceso es calificado como negativo en Europa y, sobre todo, en España: "En Estados Unidos la gente busca la protección de la ley cuando concursa y, aquí, se dice que es una pena que alguien tenga que presentar concurso de acreedores", asegura Martín.
Por otro lado, Pavón puntualiza que es preciso operar un cambio cultural visto desde otra perspectiva: la figura del deudor como el causante del problema. En este sentido, el socio director de IURE Abogados afirma que "alguien que debe soportar una merma de derechos a favor de sus acreedores resulta manifiestamente injusto". Así, hace hincapié en que "una empresa que se declara insolvente porque no logra cobrar los trabajos realizados a favor de la Administración Pública, por ejemplo, tal como viene aconteciendo durante los recientes años de crisis, no puede ser equiparada con aquella que deviene insolvente por una mala gestión y, sin embargo, su tratamiento concursal actual es idéntico".
Este error de apreciación cultural ha llevado a que la propia normativa concursal haga prevalecer los intereses de ciertos acreedores en detrimento del deudor, "lo que ha llevado a que empresas viables deban buscar fórmulas complejas para salvaguardar su actividad empresarial", cuenta Pavón, quien añade que es necesario evitar que "los derechos de los acreedores puedan culminar con el cierre de la empresa", concluye Pavón.
Finalmente, el socio director del despacho de abogados concursales asegura que "la superación de la crisis conllevará a una ausencia de interés del legislador sobre las situaciones de insolvencia, puesto que durante este periodo se ha dedicado gran atención a impulsar reformas de la legislación por el amplio abanico de afectados".
