Diversificar el ámbito de actuación de una empresa es una pieza importante para el mantenimiento de su capacidad, sobre todo financiera, en épocas de vacas flacas. Así, y aunque buscar nuevas oportunidades de negocio está a la orden del día, lo cierto es que, muchas veces, las buenas ideas se topan con trabas difícilmente superables. Precisamente, en este punto, se encuentran las pymes españolas con respecto a los concursos públicos. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Gestión Empresarial
De hecho, el papel que este colectivo juega en los concursos públicos es un tema del que se habla poco, algo que se debe, principalmente, a la poca implicación que tiene el colectivo en estos procesos. "Muchas veces, el esfuerzo en la preparación de las proposiciones públicas por las pymes españolas se ve como una pérdida de tiempo", cuenta Irene Sánchez, directora de la Asesoría Jurídica de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
Tal y como explica Sánchez, la actual legislación favorecería a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas "en cuanto a la posibilidad de cumplir con las exigencias administrativas y de clasificación en los contratos de mayor cuantía".
Pliegos y documentos
Pero, si pese a todo, toma la decisión de embarcar a su pyme en un proceso de este tipo, lo primero que debe hacer es contactar con el organismo contratante para hacerse con toda la información: el pliego técnico y el administrativo, los modelos de solvencia económica y de personal a subrogar, el documento que explica la clasificación exigida y otros anexos que puedan resultar interesantes.
Todo este papeleo se presenta en tres sobres que se entregan cerrados a la Administración. El primero de ellos debe incluir toda la documentación administrativa, relativa a la solvencia técnica, que incorpora los detalles de la labor de la empresa y cómo desarrolla su trabajo. Además, esta primera entrega hace referencia también a la parte correspondiente a la solvencia económica, según la cual la empresa tiene que demostrar que se encuentra al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. El segundo sobre se destina a presentar la oferta técnica y el último de ellos incluye los documentos relativos a la oferta económica.
En este sentido, Julián Navas Herranz, fundador y propietario de la empresa de ingeniería Indepro, con 15 años de experiencia en la preparación de licitaciones, explica que "estas dos últimas condiciones son las que generan una mayor problemática". De esta forma, Navas asegura que, en el ámbito económico, es necesario acreditar que la empresa cuenta con un volumen determinado de facturación. Por otro lado, las condiciones técnicas tienen otras problemáticas como la necesidad de acreditar una experiencia previa en ese servicio -ya sea en el sector público o privado, así como un importe mínimo para los contratos ejecutados en los últimos años.
Pero presentar toda esta documentación es sólo el paso previo a comenzar la verdadera odisea, la de competir con otras compañías candidatas en el procedimiento de adjudicación. "Cada empresa presenta un precio a la baja y la compañía que proponga el precio más bajo, sin caer en una cantidad temeraria, se llevará la obra" asegura Navas. Un hecho que se explica teniendo en cuenta el peso que cada parte tiene: en la actualidad, un 80% la económica y un 20% la técnica. En este sentido, en los últimos años ha caído progresivamente el peso de la parte técnica, algo positivo según Navas, ya que "esto ha permitido disminuir la subjetividad de las adjudicaciones".
Anteproyecto de Ley
En palabras de Sánchez, "para las pymes españolas, las dificultades derivan de la complejidad de los procedimientos de contratación". Un problema que ya advertía la Unión Europea en la Directiva que fundamenta el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, presentado el pasado 17 de abril. Así, este recoge "la necesidad de simplificación de los trámites y, con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las pymes". Algo que está estrechamente relacionado con "la apuesta clara por la utilización de los medios electrónicos", tal y como señala Sánchez.
Una situación que despierta muchas cuestiones, teniendo en cuenta el gran número de proyectos que las distintas Administraciones sacan a concurso cada año. A pesar de ello, según ha experimentado Navas, "el número de empresas que se presentan a estos procesos ha crecido, por la falta de actividad privada".
Pero todavía queda un largo camino por recorrer. De esta forma, aunque el Anteproyecto recoge cambios que podrán favorecer la participación de las pequeñas empresas, tal y como reconoce Sánchez, también "deberían incluirse instrumentos de control de los plazos de pago de las Administraciones, así como sanciones por su incumplimiento, ya que la morosidad del sector público ha llevado a la ruina a muchas pymes".
