El pasado mes de marzo la Unión Europea llevó a cabo una consulta a las pymes para controlar las cargas, lagunas e ineficiencias legales que pesan sobre estas entidades. El resultado de la consulta fue que para los pequeños y medianos empresarios, aparte del problema del acceso a la financiación y a los mercados, la carga reglamentaria representa uno de los mayores obstáculos para su puesta en marcha y desarrollo. La cuestión no es baladí ya que los 20,8 millones de pymes europeas representan más del 85% de todos los nuevos puestos de trabajo.
La finalidad de la consulta, que contestaron alrededor de 1.000 pymes y organizaciones empresariales, era comprobar si la normativa de la UE obstaculiza el crecimiento y el empleo. La conclusión fue que las pymes consideran que las mayores dificultades y costes son consecuencia de las normas relativas a sustancias y preparados químicos, el IVA, la seguridad de los productos, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la protección de datos, la legislación sobre residuos, la legislación relativa al mercado laboral, los equipos de registro en el transporte por carretera, la contratación pública y el tiempo de trabajo.
Ahora la Comisión Europea ha adoptado una Comunicación en la que reclama al Consejo y a los países europeos que adopten medidas concretas que permitan que la "economía vuelva a crecer, reactivando el empleo y permitiendo a los bancos financiar la economía real". Así, detalla las medidas adoptadas o que deben adoptarse para tratar de atajar cada una de las diez principales disposiciones legislativas que más dañan a las pymes .
Un sistema de IVA "más simple y eficiente"
Una de las medidas que, a juicio de Bruselas, debe adoptarse para aligerar la carga y facilitar la actividad de las pymes , es simplificar el sistema común del IVA que, en la consulta, las pymes calificaron de "muy complejo" al existir distintas normas procesales nacionales y dada la falta de una declaración "sencilla y uniforme" que disuade a las pymes de realizar actividades transfronterizas. La Comisión asegura ahora que "para finales de 2013 se prevé una propuesta de declaración de IVA normalizada que facilitará el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas que realicen actividades en varios países de la UE". A este respecto, avanzó que se ha empezado ya a trabajar en la aplicación de un minirrégimen de ventanilla única para los servicios electrónicos y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones que se introducirá en 2015.
Entre las iniciativas favorables a las empresas en esta nueva estrategia están, por ejemplo, un formulario de declaración de IVA estándar para el comercio transfronterizo de empresas y un portal de Internet de información sobre IVA. Otra mejora reciente en la legislación sobre el IVA de la UE es que, desde enero de 2013, los pagos del IVA son considerablemente más sencillos para las empresas gracias a las nuevas, simplificadas y modernizadas reglas sobre su facturación.
Mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores
Por otra parte, la Comisión se refiere, en relación a la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, a la obligación general de suministrar documentos a efectos de la evaluación de riesgos que, las pymes , calificaron de "demasiado gravosa". Así, pedían que en el caso de actividades de bajo riesgo, podría llevarse a cabo un análisis de riesgos sin necesidad de documentarlo, al tiempo que proponían la aplicación de exenciones y requisitos menos estrictos en el caso del trabajo temporal y de las microempresas. En su respuesta, la Comisión asegura que las Directivas de Salud y Seguridad "tienen en cuenta ampliamente las características de las pymes " y que todo el acervo sobre salud y seguridad en el trabajo "está siendo objeto de una evaluación completa que incluirá una consulta específica sobre estas empresas" cuyas conclusiones estarán disponibles antes de que finalice 2015.
También denunciaron las pymes que tanto la Directiva relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal (ETT) así como la relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, son "complejas y poco flexibles" y "tienen una elevada carga administrativa" que impiden llevar a cabo servicios transfronterizos. La Comisión sostiene que en diciembre de este año se presentará un informe que "tomará en consideración estas preocupaciones".
Las trabas del acceso de las pymes a licitaciones públicas
Otra de las cuestiones que más preocupa a las pymes es la burocracia y las cargas administrativas relacionadas con la preparación de las ofertas que "suponen un obstáculo para que las pequeñas empresas puedan participar en las licitaciones públicas". Precisamente, en diciembre de 2011, la Comisión propuso una revisión del régimen de contratación pública que, asegura Bruselas, "tendrá una incidencia directa en el acceso de las pymes a dicha contratación que facilitaría su participación en los contratos por la importante simplificación que introduce en los procedimientos, incluyendo las autodeclaraciones y fomentando lotes más pequeños". La revisión también incluye disposiciones que establecen que la lista de criterios de selección sea exhaustiva, al tiempo que se establece un límite máximo de volumen de negocios para participar en el procedimiento de contratación: no podrá sobrepasar el triple del valor estimado del contrato.
Modular las obligaciones en protección de datos
También hace la Comisión una serie de propuestas al legislador europeo en materia de protección de datos. Aquí el problema reside, según evidenció la consulta, en que en la propuesta de Reglamento sobre Protección de Datos que baraja el Consejo, los principales beneficios económicos de la reforma, que incluye excepciones relativas a las obligaciones para las pymes , "serán únicamente para las empresas que realicen sus intercambios transfronterizos, mientras que las pymes que sólo operen dentro del propio país deberán soportar la carga de obligaciones adicionales".
De ahí que la Comisión se comprometa a "modular las obligaciones de los responsables del tratamiento de datos a fin de simplificar aún más el entorno reglamentario y minimizar las cargas administrativas indebidas". A este respecto, la Comisión se ha propuesto que las empresas con menos de 250 trabajadores no necesiten un responsable de la protección de datos o las evaluaciones de impacto de protección de datos, salvo que su actividad principal sea el procesamiento de datos.
Seguridad de los productos y vigilancia del mercado
En febrero la Comisión propuso sustituir la Directiva sobre seguridad general de los productos de consumo por un Reglamento que incluya una serie de requisitos comunes más simples para las empresas. La idea es hacer posible que más empresas sean capaces de respetar todos los requisitos de seguridad de los productos, lo que les hará más fácil acceder a otros mercados de la UE. Además, al ser el reglamento directamente aplicable, se garantiza una aplicación más uniforme. Y es que, según evidenciaron las pymes en la consulta del pasado marzo, en el actual sistema la responsabilidad del productor se considera una pesada carga para las empresas más pequeñas, y "existe un amplio margen de interpretación de las disposiciones sobre retirada de los productos del mercado".
Las dudas acerca del las cualificaciones profesionales
En materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales, si bien las pymes expresaron su satisfacción respecto a algunas de las disposiciones propuestas en la modificación de Directiva que se está debatiendo actualmente en el procedimiento legislativo, en especial la introducción de la tarjeta profesional europea y la generalización de Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), sin embargo se cuestionaron otras nuevas propuestas, por ejemplo el acceso parcial a profesiones con una amplia gama de actividades en el Estado de acogida, o el reconocimiento tácito de las cualificaciones para una serie de profesiones relacionadas con la salud y la seguridad. Defiende ahora la Comisión que la propuesta incluye la introducción de la tarjeta profesional europea, sobre la base de una mayor cooperación online entre las autoridades nacionales en lo que respecta a la verificación de las cualificaciones, así como de la introducción del concepto de reconocimiento tácito que se aplicará a todas las profesiones que utilicen la tarjeta profesional europea.
Productos químicos, residuos y transportes
El registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos también trae de cabeza a las pequeñas empresas. A primeros de 2013 se aprobó una revisión, apoyada por numerosos estudios temáticos con una aportación de más de 1.600 empresas, en la que se llegó a la conclusión de que las cargas para lograr el resultado han sido desproporcionadas para las pymes . En concreto, las pymes están preocupadas por "la complejidad y el coste de las obligaciones de información, la aplicación incoherente por parte de los Estados miembros y la falta de coherencia de la legislación específica sobre productos químicos", como, por ejemplo, las restricciones al uso de sustancias peligrosas, los biocidas, los disruptores endocrinos y la seguridad de los juguetes. Por su parte, el pasado marzo, la Comisión adoptó un Reglamento que establece tasas reducidas para las pymes .
Por otra parte, las pymes han mostrado su preocupación por determinados aspectos de la Directiva sobre los residuos, por ejemplo, no están seguras de cuándo los residuos dejan de ser residuos. Algunas argumentan que la definición de subproductos desalienta la innovación. Otros problemas son que los Estados añaden requisitos innecesarios -sobrerregulación- y la falta de asesoramiento y orientación adecuados. A este respecto, la Comisión está llevando a cabo, y concluirá en 2014, una revisión de la política y la legislación de la UE en esta materia con el fin de determinar si es necesario modificar la legislación.
Por último, en cuanto a los equipos de control en el sector de los transportes por carretera, concretamente para los períodos de conducción y de descanso, en 2011, la Comisión propuso una nueva Directiva que todavía está en discusión en el Parlamento y el Consejo: las pymes se beneficiarían porque los vehículos que circulan dentro de un radio de menos de 100 km no tendría que tener instalado un tacógrafo.
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Europa aprueba la financiación para las pymes
