El tejido empresarial español está experimentando un cambio que se vislumbra estructural en sus fuentes de financiación, fundamentalmente por el recurso a herramientas y fórmulas hasta ahora minoritarias. Una tendencia lógica a tenor de que la banca ha sido hasta ayer, como quien dice, la vía de llegada de ocho de cada diez euros de financiación.
En EEUU sólo representa el 30%, o el 55% en la vecina Francia. La consecuencia es que en España, según datos de las Cámaras de Comercio, menos de una de cada cuatro pymes acude hoy al sistema bancario a pedir préstamos.
El recurso a las ampliaciones de capital, que en los diez primeros meses de 2012 crecieron un 40% en volumen respecto al mismo periodo de 2011 según datos de Axesor, se ha demostrado como poco sostenible en el tiempo. Entre las pymes que facturan de 15 a 20 millones, el retorno de esa inversión fue negativa en un 2,6% ya en 2010, según la misma fuente.
Y, si el nuevo modelo productivo que el conjunto del país coincide en que debe estar basado en la innovación y la exportación, que son actividades intensivas en capital, ¿cómo romper el círculo y lograr fondos para volver a crecer?
El crédito retrocede
El crédito bancario a empresas ha retrocedido en más de 160.000 millones entre 2010 y enero de 2013, y sigue en tasas negativas según los datos del Banco de España. Se impone la búsqueda de vías alternativas tanto desde el ámbito público -las Administraciones han sido además, en paralelo, las que han canibalizado el crédito concedido o renovando en detrimento del sector privado- como desde el privado.
O una mezcla de ambos. Es el caso de Cesce, la compañía controlada por el Estado que, en alianza con algunas de las grandes empresas no financieras del Ibex, va a facilitar a sus 6.000 empresas clientes (de todos los tamaños) una vía para poder cobrar las facturas pendientes, y avaladas por el propio Cesce, mediante el recurso a un fondo que prevé movilizar hasta 250 millones en un año. El tipo de interés del préstamo que estas empresas solicitarán a cambio de cobrar sus facturas será del 4,75%. Se estima que esta herramienta estará disponible en abril y toda las gestiones serán digitales.
El Gobierno central, en el último paquete de medidas de impulso a la actividad emprendedora de febrero, incluyó medidas para engrasar la financiación empresarial. Entre ellas, que entre la propia Cesce y Cersa -empresa pública que cubre parcialmente el riesgo de las sociedades de garantía recíproca- movilicen 1.720 millones. Una cifra cuyo reparto entre ambas, y cuya articulación, está aún por concretar.
En paralelo, se canalizan 22.000 millones a través del ICO y otros 10.000 millones de dinero público a través de entidades financieras saneadas, para apoyar los planes de crecimiento de las pymes.
Y, quizá los más novedoso del paquete estatal, recoge una línea de Impulso a la desintermediación bancaria y al capital riesgo para movilizar más de dos mil millones a través de fondos de capital riesgo que apoyen proyectos de internacionalización y ganancias de competitividad; programas de préstamos participativos en empresas; impulso a los business angels; o la creación de una red nacional de incubadoras.
El tirón de las SGR
Sin embargo, bajando al terreno de juego real de las pymes es como se aprecia la auténtica eclosión en el uso de instrumentos ya existentes y en la creación de otros nuevos que sacien en lo posible la sed de crédito. Entre los primeros, un clásico son las sociedades de garantía recíproca. En este sentido, Iberaval se ha convertido en un pequeño oasis para las pymes y autónomos de Castilla y León, y La Rioja. La filosofía de su presidente, José Rolando Álvarez, es que "ningún proyecto viable" se quede sin materializar por falta de financiación.
Iberaval es la primera SGR por número de socios en España, 19.000, y tiene un riesgo vivo de 535 millones. Ofrece garantías para proyectos de entre 6.000 y 600.000 euros, aunque la mayoría de sus operaciones promedian 90.000 euros para préstamos de 6,5 años de vida. Durante los cuatro últimos años ha cambiado notablemente el perfil de las operaciones. Ahora predominan las que permiten a pymes y autónomos obtener circulante para mantener su negocio en marcha, frente a los avales técnicos (para acudir a concursos públicos) o para inversiones que predominaban antes de la crisis.
Información de Verónica Sosa, Javier Alfonso, Rafael Daniel, Carmen Larrakoetxea, Carlos Pizá, Esther Porta, Eva Sereno, J. M. Camacho, José L. Jiménez y R. Lodeiro.
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