Valencia
La indemnización media por despido improcedente en la Comunidad Valenciana se situó en 2023 en 9.085 euros, según los datos que ha desvelado el sindicato UGT a partir de las 8.085 demandas resueltas el año pasado en sentencias o acuerdos de mediación en las tres provincias. Una cuantía que viene marcada por la antigüedad y los salarios de los trabajadores afectados por esas demandas.
El secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, presentó estas cifras como argumento sobre la necesidad de "buscar un acuerdo" con la patronal en la reforma de la indemnización por despido improcedente, para aportarle "seguridad jurídica". Eso sí, dejó claro que es una "obligación" que la nueva norma y sus cuantías se ajusten a la Carta Social Europea revisada, tras el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales avanzado por el sindicato.
En esa línea, el dirigente de UGT PV ha expuesto que estas indemnizaciones son "sustancialmente inferiores a las que se percibían" antes de la reforma de 2012. Con aquel cambio de normativa, los 45 días por año trabajado de indemnización pasaron a los 33 actuales.
Sáez ha señalado que el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales da la razón a UGT en que la regulación actual "no disuade a los empresarios de despedir injustamente" y además "no resarce suficientemente el perjuicio que se causa".
En este marco, el secretario general de UGT ha advertido además que, con la entrada en vigor de la reforma laboral que ha reducido "de manera considerable la contratación temporal", "una de las fórmulas que se utilizan para sustituir esa temporalidad es el despido sin causa con escasas indemnizaciones porque la antigüedad es baja". "Eso hay que corregirlo", ha reclamado.
Diálogo social
Sobre la posibilidad de acuerdo en el estado actual del diálogo social, Sáez ha señalado que, a diferencia de la reducción de jornada, en este asunto hay "una ventaja que facilita que se dé el acuerdo", y es que existe "la obligación de cumplir una carta social que hemos ratificado y dice que el despido social en España no resarce a los trabajadores".
De hecho, ha afirmado que los tribunales están vinculados a la Carta Social Europea y deben aplicarla, por lo que, "si no se llega al acuerdo", serán los tribunales los que deban interpretar la ley "despido a despido". Por tanto, "si buscamos seguridad jurídica, lo lógico sería que llegáramos a un acuerdo".
Así, ha recalcado que ya hay tres sentencias previas a este fallo que entienden que las indemnizaciones recogidas en el Estatuto de Trabajadores vulneran la carta europea y que ésta forma parte del ordenamiento jurídico español.
"Si llegamos a un acuerdo que en el fondo no acaba de cubrir lo que interpreta el Comité Europeo de Derechos Sociales, estaremos haciendo un fraude. Incluso los propios tribunales podrían entender libremente e interpretar que no se corresponde con la Carta Europea", ha advertido.
Polarización política
No obstante, ha reconocido que "el panorama es complicado" a nivel parlamentario y en el diálogo social, donde "llegar a acuerdos con la patronal cada día es más difícil" porque "la polarización política nos arrastra todo y eso no ayuda".
En el caso de la reducción de jornada, ha apuntado que es "determinante" para la posibilidad de un acuerdo el que "haya números en el parlamento". Así, ha destacado que Junts se desmarcó este martes del gobierno de coalición en el Congreso y que la patronal "cree que no" va a apoyar la reforma de la jornada, lo que la hace "más reacia a buscar el acuerdo, porque se siente segura".
Ismael Sáez ha expuesto que la patronal en 2012 alegaba "rigideces en el mercado de trabajo" por las indemnizaciones, pero ha asegurado que esto no es verdad porque una actividad económica creciente seguirá generando empleo. "No queremos establecer mayores rigideces, lo que queremos es que no se despida de manera injustificada; no queremos que los empresarios paguen cuantías enormes, sino que no despidan cuando no hay que despedir", ha puntualizado.
La postura de UGT PV es que se deben reponer los salarios de tramitación porque, si no, resulta "más rentable despedir que readmitir" y es el trabajador el que debe decidir si quiere reincorporarse a su puesto cuando "hay un despido injusto, caprichoso y arbitrario".
Igualmente, Saéz ha sostenido que se deben fijar las condiciones que determinan si la indemnización es mayor o menor, y que "no basta con una determinada cuantía", sino que se debe fijar una indemnización mínima de seis meses con independencia de la antigüedad y después definir unos condicionantes que incrementen estos importes según la situación del trabajador.
Como ejemplo, ha defendido que se debe subir la compensación cuando un trabajador ha dejado un empleo indefinido para incorporarse a otro en el que le prometían duración pero del que después le han despedido.