Madrid
Ocho de cada diez personas ocupadas en España apoyan la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, siempre que no implique una reducción del salario. Sin embargo, si la reducción salarial fuese necesaria, siete de cada diez se opondrían a la medida. Estos datos provienen de la VII Encuesta de Percepción Social de la Innovación en España (EPSI), elaborada por Cotec y Sigma Dos.
El debate de la reducción de horas está sobre la mesa. España es el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea y, recientemente, ha superado el 12% de desempleo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ve en esta medida una oportunidad para responder a lo que percibe como una demanda ciudadana: trabajar menos horas por el mismo sueldo.
El estudio revela que la mayoría de los trabajadores no está preocupada por los efectos negativos de una eventual reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Sin embargo, entre los que sí tienen inquietudes, la principal preocupación es la reducción de salarios (35%), seguida por la pérdida de beneficios empresariales (32%) y la pérdida de competitividad del país (29%). A pesar de estas preocupaciones, pocos dudan de que la medida mejoraría su calidad de vida y no afectaría negativamente a su motivación ni a su productividad.
Los sindicatos ante una posible reducción de horas defienden que mejorará los derechos laborales, promoverá un mayor "reparto" del trabajo, disminuirá el desempleo y aumentará la productividad. A pesar de estas afirmaciones, diversos análisis ponen en duda este diagnóstico. Algunos estudios comparan la reducción de la jornada laboral con un aumento del salario mínimo interprofesional, sugiriendo que podría tener un impacto inflacionario, ya que las empresas podrían aumentar los precios para compensar los mayores costos laborales. Otros análisis advierten sobre las consecuencias para los empleadores, especialmente en un país como España, donde el tejido productivo está dominado por pequeñas y medianas empresas. Estas empresas se enfrentarían a la obligación de pagar lo mismo por menos horas de trabajo, lo que podría afectar su viabilidad y competitividad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la media semanal de horas efectivas de trabajo de los asalariados en España se situó en torno a las 35 horas durante el primer trimestre. En el sector público, la media fue de 34,8 horas, mientras que en el sector privado alcanzó las 35,1 horas. Estos datos reflejan una tendencia hacia la reducción de la jornada laboral en ambos sectores.
La Encuesta de Satisfacción Profesional y Social (EPSI) muestra también que independientemente de posibles medidas legislativas, la mayoría de los ciudadanos (61%) cree que la reducción de la jornada laboral llegará como consecuencia del cambio tecnológico, un aumento de 16 puntos porcentuales respecto a hace cinco años. En 2018, el 45% de los encuestados creía que el cambio tecnológico reduciría las horas de trabajo, frente al 43% que pensaba que no habría grandes cambios. Hoy, solo el 27% mantiene esa opinión escéptica.
En cuanto a las preferencias de la población ocupada sobre cómo aplicar la reducción de la jornada laboral, una mayoría significativa (61%) prefiere concentrar el trabajo en cuatro días a la semana, mientras que el resto opta por mantener los cinco días pero trabajando menos horas cada día. Estas preferencias varían notablemente según la edad de los encuestados. La semana laboral de cuatro días es especialmente popular entre los menores de 30 años, con un 69% a favor, mientras que esta preferencia disminuye al 51% entre los mayores de 65 años.
Países de referencia
La posibilidad de reducir la jornada laboral habitual a 35 horas ya ha sido implementada con éxito en otros países, ofreciendo un marco de referencia interesante para España.
El ejemplo más conocido es el de Francia, donde en 1999 el gobierno socialista de Lionel Jospin instauró la jornada laboral de 35 horas semanales. Esta medida, largamente defendida por los partidos de izquierda, fue vista como un hito en la lucha por mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Desde entonces, la normativa ha sido flexibilizada para permitir a empleados y empleadores la posibilidad de acordar jornadas más largas si así lo desean.
Australia es otro país que se ha acercado a este modelo, aunque con algunas diferencias. Allí, la jornada estándar es de 38 horas semanales, pero con la posibilidad de realizar horas extras. Alemania también ha realizado avances en este sentido, aunque no de manera uniforme en todo el país. En Hamburgo, por ejemplo, se llevó a cabo una prueba piloto en la que un grupo de enfermeros redujo su jornada de 8 a 6 horas diarias sin que esto afectara su salario. Además, uno de los principales sindicatos siderúrgicos logró que la patronal aceptara la instauración de un horario de 28 horas semanales hace dos años, aunque esta medida ha enfrentado desafíos debido a la pandemia sanitaria.
¿Cómo es el nivel de innovación de España?
El 82% de la población considera que la innovación es positiva, una cifra 5,9 puntos porcentuales superior a la de 2022 y 8,9 puntos más que antes de la pandemia, reflejando una clara tendencia de crecimiento en la percepción positiva de la innovación.
Entre 2017 y 2023, la distancia entre los que sitúan a España en la media europea en innovación y los que la ubican en el furgón de cola ha disminuido de 25,2 a 4,8 puntos porcentuales.
Los colectivos que más valoran el nivel de innovación de España son los individuos sin estudios, los desempleados, los trabajadores de la construcción, los jóvenes entre 18 y 29 años y los teletrabajadores. Los más críticos son los votantes de Vox, los trabajadores del sector industrial, los trabajadores autónomos, los directivos, los universitarios superiores y las personas entre 45 y 64 años.
Por tercer año consecutivo, la percepción sobre el nivel de innovación de las grandes empresas sigue mejorando, mientras que la valoración de la innovación en las pymes se ha deteriorado por cuarto año consecutivo. En ambos casos, los niveles no han recuperado los valores observados antes de la pandemia.
Una amplia mayoría de votantes de partidos de derecha considera que tanto grandes empresas como pymes son innovadoras. En contraste, los votantes del PSOE están divididos, y la mayoría de los votantes de SUMAR cree que las empresas, especialmente las grandes, no son innovadoras.
Por otro lado, si se observan datos de la administración pública, se ve que el País Vasco, Madrid y Navarra son los tres territorios con mayor diferencia entre las opiniones sobre el nivel de innovación de la administración de la propia comunidad autónoma y el conjunto de la administración pública española. En contraste, en Castilla-la Mancha, Cantabria y Canarias se considera que la administración pública española es más innovadora que la administración de la propia comunidad autónoma.
A nivel nacional, los ciudadanos continúan teniendo una percepción mayoritariamente insuficiente o negativa respecto a los servicios de tramitación electrónica de las administraciones públicas, una tendencia que persiste en todos los segmentos de población. Sin embargo, los mayores son más críticos que los jóvenes en este aspecto.
A pesar de que también tienen críticas, los empleados públicos muestran una opinión más favorable sobre la administración electrónica en comparación con los trabajadores del sector privado.
La inversión es insuficiente
Desde 2017, aproximadamente el 80% de la población ha mantenido de manera constante la opinión de que la innovación pública en I+D+I es insuficiente. Sin embargo, por primera vez en la serie temporal, se ha registrado una disminución en el porcentaje de españoles que están "Muy de acuerdo" con esta afirmación, lo que marca un quiebre en la tendencia creciente de los últimos años.
En el mapa de las comunidades autónomas, Asturias destaca como el territorio cuya opinión pública más demanda priorizar la inversión en I+D+i entre las políticas de gasto público, mientras que Cataluña se sitúa en el extremo opuesto.
Los robots nos quitarán el empleo…
El 51,5% de la población considera que el cambio tecnológico conduce a una mayor desigualdad social, un aumento desde el 50,6% en 2022, mientras que solo el 28% cree que la reduce, marcando el valor mínimo de la serie temporal.
También, el 62% de la población cree que la mayoría de los puestos de trabajo actuales serán desempeñados por máquinas en los próximos 15 años. Sin embargo, aún un 47% de los ocupados piensa que "de ninguna manera" un robot podrá sustituirle en su puesto, aunque esta cifra ha descendido desde el 63% en 2019.
El 53% de los trabajadores del sector público no cree que pueda ser sustituido por una máquina, en comparación con el 45% de los empleados del sector privado.
Por último, el 71% del total de los encuestados opina que España no está preparada para afrontar un futuro marcado por la automatización del empleo. Sin embargo, un 61% de los trabajadores se siente capacitado para competir en ese nuevo mercado laboral, cifra que aumenta al 70% entre las personas con estudios superiores y desciende al 37% entre aquellos que no superan la educación primaria.
La pandemia, a pesar de representar un duro golpe a nivel social, profesional y económico, también impulsó el teletrabajo. Cuatro años después de su implementación generalizada, el teletrabajo sigue siendo una práctica extendida en el 80% de las empresas. Sin embargo, se observa una tendencia creciente hacia su recorte en algunas organizaciones. La encuesta muestra que se sigue el 16% de los trabajadores por cuenta ajena teletrabajan y el 32% de los autónomos. El 96% de los teletrabajadores se siente capacitado para esta modalidad de empleo, el 89% opina que no disminuye su productividad y el 88% considera que mejora su conciliación personal.
