Galicia
La plantilla de Telefónica en Galicia, compuesta por casi 600 personas, se encuentra en situación de máxima incertidumbre tras anunciar la empresa su intención de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE), tal y como lo anunció el responsable de Comunicaciones de FESMC UGT Galicia, José Ramón Vizcaíno, trabajador de la multinacional.
En la actualidad, los trabajadores de la compañía en la comunidad son 41 en Lugo, 44 en Ourense, 318 en A Coruña y 197 en Pontevedra, lo que sitúa el total en 600. Vieitez advierte de que la de Pontevedra, que llegó a tener en su día más de un millar de empleados, "siempre ha destacado -en el ámbito estatal- por porcentajes pequeños" de acogimiento a los expedientes de regulación o planes de suspensión individual.
La expectación apunta al marco que planteará Telefónica, advierte el representante de UGT, que se centra en la afectación por edades del ERE que pretende implementar Telefónica, cuestión que aún desconocen.
Por su parte, avisa de que tendrán "las espadas en alto" para dejar claro que "si hay ERE, tiene que haber convenio", con un planteamiento de duración de tres años y mejoras salariales, entre otros aspectos.
La empresa presentó su intención de aplicar un ERE y ahora deberán abrirse cuatro mesas de negociación, una, la del convenio, y otras tres por cada una de las empresas vinculadas (Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones).
"PARA MANTENER EL DIVIDENDO"
Por su parte, el portavoz de la CIG muestra su rechazo a esta forma de reducir plantilla y máxime cuando la circunscribe en un "vaciado de contenido para dejar un cascarón, que sería Movistar", critica.
En un contexto en el que Telefónica se ve relegada a una segunda posición, Vieitez censura también que UGT y CC.OO. tienen "monopolizada toda la negociación", en detrimento de la participación de los comités provinciales.
En cambio, se refiere a procesos de movilidad geográfica que, en el caso de Pontevedra, afecta a centros de trabajo como Vilagarcía, Cangas, A Estrada y O Porriño.
A nivel estatal, el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, exige que las salidas del ERE sean "voluntarias e incentivadas" y que no comporten ninguna pérdida de condiciones para los trabajadores.
