La foto del 22-D ofrece la evaluación de la ciudadanía catalana de la culminación del procés. Antes de arrancar quinielas y especulaciones sobre qué eje independentista, constitucionalista o de izquierdas se impondrá en los pactos post-electorales, hay una serie de consideraciones previas que conviene recordar.
En primer lugar, la pétrea promesa de "no pactar con..." efectuada durante la campaña, se vuelve voluble y matizable una vez superados estos. La consecución de un acuerdo para que sea posible conformar gobierno obligará a algún partido (o a más de uno) a sacrificar su palabra. Que el giro sea considerado como un acto de responsabilidad o una traición a sus votantes dependerá del acuerdo que facilite y de la capacidad pedagógica de las fuerzas que lo protagonicen.
En segundo término, y por mucho que lo niegue ERC o Junts per Catalunya, el procés ha fracasado y en ningún caso podrá retomarse en el punto en el que quedó. La actuación judicial, el acatamiento por parte de la Generalitat del 155 y el inquebrantable apoyo de la UE a España han sido una bofetada en la cara de un independentismo que subestimó la fuerza del Estado y sobreestimó el poder que le daba su capacidad de movilización.
En tercer lugar, el movimiento independentista -fuerte, activo, movilizado e irreductible- no desaparecerá. Hay una masa estable en torno a dos millones de catalanes que se cree de forma acrítica las mentiras del relato separatista y, a día de hoy, su hostilidad hacia lo que representa España es muy alta. El Estado debe asumir su responsabilidad en su crecimiento y consolidación e invertir tiempo y recursos en revertir su dominio del 'relato' que en Cataluña.
Por último, y con independencia de los tiempos y los intereses de la política, la actuación de la Justicia sigue su curso. La solidez de la instrucción y la consolidación en el relato judicial de unos hechos muy graves, hacen prever que, de aquí a un par de años, la política catalana y española tendrá que hacer frente al shock del encarcelamiento de Puigdemont, Junqueras o de algún otro dirigente independentista. Aunque lo hayan omitido durante la campaña, los partidos independentistas también son conscientes de este extremo y, si están en condiciones de formar gobierno, más de uno en su seno planteará la necesidad de ocuparlo con dirigentes cuyo horizonte judicial se presente menos sombrío.
Arrimadas es un serio aviso para Rajoy
Sentadas las condiciones previas, toca abordar los resultados del 22-D. Hay dos urgencias inexcusables para el nuevo Govern, sea del color que sea: la fractura social y el deterioro económico.
Dado que ambas son consecuencia directa del procés, un futuro presidente independentista no permite albergar esperanzas de una rectificación en la confrontación que ha calado en la sociedad catalana y que ha espantado al dinero.
Una Generalitat 'constitucionalista', en cambio, tendría que esforzarse en evitar el revanchismo y tender unos puentes que permitan revitalizar al catalanismo pactista que -quizás más fruto del deseo que de la realidad- se adivina en los restos del PDeCAT que huyeron de la lista de Puigdemont.
La opción de un nuevo tripartito de izquierdas parece inviable en la medida en que ERC se ha repetido hasta la saciedad son "la única garantía de un Govern independentista" y el PSC se ha comprometido a no votar en ningún caso a un president separatista. El coste para ambos que tendría el giro de explorar esta vía lo dibuja como una vía imposible.
Un último apunte. El auge de Ciudadanos es un serio aviso al PP de Rajoy, que no destaca por su agilidad política y su capacidad embaucadora, y a la que le ha salido una fuerza capaz de algo más que de arañarle un puñado de votos en el centro derecha. El éxito de Inés Arrimadas puede tensar, con efectos decisivos para la legislatura, la relación entre el Ejecutivo y su socio parlamentario y presupuestario.
