El PSOE reconoce que la difícil situación de la Seguridad Social a partir de la próxima década demanda soluciones que superan las contenidas en su programa electoral. Los socialistas abren la puerta ahora a crear un impuesto que ayude a financiar las pensiones en una época crítica.
Será entones cuando se juntará el inicio de las jubilaciones de la generación del baby-boom con la necesidad de garantizar la actualización anual de estas prestaciones con el coste de la vida (un compromiso que prácticamente todos los partidos asumen). El hecho de que los socialistas barajen la creación de este impuesto implica, en primer lugar, una objeción a su programa electoral.
Equivale a reconocer que no se puede fiar el futuro de la Seguridad Social a una hipotética reconversión de la economía, hacia un modelo tecnológico que genere más empleo y mejor remunerado.
El sistema necesita limitar las revalorizaciones anuales y recuperar el proyecto de aplicar el factor de sostenibilidad
Nada garantiza que esa evolución vaya a darse en los próximos años y mucho menos que se produzca sin destrucción de puestos de trabajo. Pero, en segundo lugar, la idea del nuevo impuesto demuestra el alto coste que supone volver a ligar las pensiones al IPC.
De hecho, el tributo entraría en vigor en torno a 2025, antes de que la mayor parte de los baby-boomers empiece a jubilarse. Por tanto, la generación que ya es la que históricamente más ha cotizado a la Seguridad Social, se encontraría con que tiene que contribuir, al menos en parte, con una carga fiscal extra para garantizar sus prestaciones. Queda patente así que el problema de las pensiones ha alcanzado ya una envergadura que no solo se resuelve exprimiendo nuevas vías de ingresos. Es necesario retomar los medios para racionalizar el gasto, como la limitación a su revalorización o aplicar el factor de sostenibilidad.